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Consenso educativo

Javier Zamora Bonilla
martes 04 de diciembre de 2012, 20:07h
Se ha dicho tantas veces, que parece vano volver a repetirlo: es necesario un consenso sociopolítico, interpartidista y que implique a todos los sectores afectados para diseñar un modelo educativo que nos permita avanzar en eso que llamamos, con cierta imprecisión, sociedad del conocimiento.

Está sobre la mesa un nuevo borrador para realizar una reforma más del sistema educativo, y otra vez vuelven a surgir los temas de siempre: si hay que garantizar un mínimo de horas de enseñanza del español en las Comunidades Autónomas con lenguas propias, especialmente en Cataluña, que es dónde está el problema, y si hay que suprimir o no Educación para la ciudadanía y si la religión debe pesar o no en el curriculum académico.

¡Cómo si no hubiese otros temas más importantes para la formación de los alumnos! No digo que éstos no lo sean, pero no deberían monopolizar nuevamente el debate de la reforma educativa. Primero, porque sobre la cuestión de la enseñanza del español en Cataluña ya hay sentencias judiciales y lo que hay que hacer es cumplirlas. Segundo, porque la necesidad de que los estudiantes reciban una educación cívica en los valores constitucionales no debería estar en cuestión y, en ningún caso, contraponerla a la enseñanza de la religión. Todos tendríamos que estar de acuerdo en la necesidad de que nuestros hijos se eduquen en los valores del sistema constitucional vigente. Es absurdo, por ejemplo, que ciertos sectores de la derecha española se alarmen porque a los niños se les explique en el colegio que en España se pueden casar personas del mismo sexo. Esa posibilidad está legalmente establecida y el Tribunal Constitucional ha validado la norma que lo establece. Luego, en su casa, en sus asociaciones, en sus iglesias, cada uno que enseñe lo que le venga en gana, respetando la legalidad vigente.

Tercero, sobre la enseñanza de la religión en las escuelas ya me he expresado en varias ocasiones en esta misma columna. Mi opinión es que la religión, mientras se siga entendiendo como catequesis y no como una historia de las religiones y los fundamentos religiosos, no debería enseñarse en los colegios públicos ni financiados con fondos públicos, aunque sean religiosos. En un Estado laico, cada iglesia debería enseñar a sus fieles de forma privada sus principios religiosos, sin que el Estado intervenga en tanto no vulneren los valores constitucionales. Pero lo cierto es que el punto 3 del artículo 27 de la Constitución Española de 1978 dice que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y los acuerdos con el Vaticano, que son derecho internacional, han interpretado esto de una forma muy estricta para garantizar la enseñanza de la religión católica en los colegios a los alumnos que así lo soliciten. Se podría haber hecho, sin duda, una lectura mucho más flexible de este artículo constitucional, pero mientras la misma siga vigente es complicado que la materia de religión desaparezca de la enseñanza y quede reducida –insisto, como a mí me gustaría– al ámbito privado.

Esta lectura estricta del punto 3 del artículo 27, en una sociedad cada vez más multicultural como la nuestra, puede complicar mucho las cosas, incluso económicamente, a los poderes públicos en tanto que los padres que profesen otras religiones distintas a la católica exijan que en todos los colegios, incluidos los concertados, se garantice a sus hijos la enseñanza de sus respectivas religiones. En tanto que los colegios concertados son financiados con fondos públicos, habría que exigirles no sólo que acojan a estudiantes musulmanes, por ejemplo, sino que garanticen, en virtud del artículo 27 de la Constitución, que reciban la educación religiosa que sus padres estimen conveniente. Así no se produciría una discriminación de hecho a la hora de que los padres musulmanes, por ejemplo, elijan el colegio al que envían a sus hijos.

Deberíamos avanzar en la línea de que la enseñanza de la religión como catequesis –sin perjuicio de que en los colegios se enseñe Historia de las religiones y fundamentos religiosos– desaparezca de la enseñanza pública y de la financiada con fondos públicos. En una futura reforma constitucional sería conveniente que el punto 3 del artículo 27 quedase redactado más o menos así: “los poderes públicos garantizaran que todas las personas vivan y eduquen a sus descendientes o tutelados en los valores religiosos y morales que le son propios, siempre que no contravengan la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Los poderes públicos podrán ayudar equitativamente, en relación al número de sus fieles, a las distintas iglesias para que desempeñen esta función formativa”.

En cualquier caso, estos temas no deberían monopolizar el debate sobre la reforma educativa, y habría que alcanzar consensos sobre otras cuestiones, en mi opinión, más importantes, como los contenidos básicos en cada etapa formativa, el refuerzo de los alumnos con dificultades para evitar el fracaso escolar, el desarrollo de una buena formación profesional, un bachillerato que no sólo garantice una formación específica sino que forme personas cultas en el sentido de la “cultura vital” que explica Ortega en su Misión de la Universidad para dar respuesta a las necesidades de cada tiempo.

Los países que han apostado por una mejora sustancial de la educación pública, sea ésta ejecutada directamente por los poderes públicos o a través de conciertos, son los que han evolucionado más. Tenemos suficientes ejemplos en los que mirarnos, sin que sea necesario imitar ninguno miméticamente. El debate sobre la calidad de la enseñanza en función de que ésta sea pública o privada (mayoritariamente concertada en España) es falso si se plantea en términos absolutos. Las estadísticas muestran que hay muchos colegios públicos en los que se obtienen mejores notas que en muchos, en la mayoría, de los concertados, pues la educación depende de un gran número de factores, entre ellos, y quizá el principal, de los maestros, a los que no estamos cuidando como se merecen.

Javier Zamora Bonilla

Profesor de Historia del Pensamiento Político

JAVIER ZAMORA es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de León, ha completado su formación con estancias de investigación en el Massachusetts Institute of Technology, el Max-Planck Institut für Geschichte y el Colegio de México.

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