Crisis y el XXXIV aniversario de la Constitución

En estas últimas fechas he asistido a eventos (eventos: creía que era un anglicismo pero la Academia reconoce esa palabra como “acaecimiento”) en los que se ha tratado la complejidad de nuestra crisis: el coloquio que reunió a Dolores Cospedal, Miquel Roca, Miguel Rodríguez de Miñón y Felipe González; después, el acto conmemorativo de la llegada al Gobierno de este último, el 2 de diciembre de 1982; y finalmente, la reunión en el Senado con motivo del Día de la Constitución, en la que las opiniones sobre la crisis se relacionaron con la posible reforma de la Constitución de 1978.

Estas son algunas de las ideas que me han surgido cuando asistí a esos eventos.

Nuestra situación socioeconómica es de emergencia. Las últimas cifras de personas que han perdido o no tienen trabajo son alarmantes. Obtener crédito bancario es casi imposible para cualquier iniciativa empresarial. El presidente del puerto de Bilbao me dijo anteayer que los buques que zarparon con exportaciones vuelven vacíos, sin los usuales retornos, pues la demanda de los consumidores españoles no tiene apenas pulso.

Lo peor es que no se ve solución a corto plazo. ¿Cinco años, diez años, más de diez años para encontrarnos con índices de empleo y de bienestar social como los que había en 2007?

Simultáneamente, contemplamos con estupor la detención y encarcelamiento del antiguo presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Todo tiene un aire “berlusconiano”; descomunales chapuzas de avarientos personajes, héroes de revistas ilustradas (es decir: sin ilustración espiritual) que nos ponen a ojos de nuestros socios europeos del Norte en un “corralito mediterráneo”, en el que se encuentran Italia y Grecia. Mala cosa para un país que busca credibilidad, que necesita crédito financiero. Díaz Ferrán, el antiguo abanderado de “trabajar mucho y cobrar poco”, ahora da risa a muchos observadores extranjeros. Les refuerza en su tópica visión del carácter incompatible de los mediterráneos con la seriedad en los negocios y con una cierta austeridad del autentico empresario capitalista.

La detención de Díaz Ferrán nos ha puesto ante un espejo. El espejo en el que se contemplaba la sociedad civil española. Desde hacía algunos pocos años, los empresarios estaban consiguiendo el liderazgo social, imprescindible en Estados de Derecho y con economías de mercado. España se convertía con cierta rapidez en un país europeo homologable con el tipo ideal de miembro de las Comunidades Europeas, después, de la Unión Europea. En los años 80 y 90, nuestro prestigio venía porque éramos percibidos como “los alemanes del Sur”, pues la solvencia, laboriosidad y seriedad de nuestros líderes empresariales, políticos y sociales no tenían nada que ver con esos tópicos sobre la personalidad tramposa y pícara de los mediterráneos. El caso es que ahora las caricaturas de “los tipos nacionales” vuelven a estar operativos; al parecer, muy operativos en los análisis de las agencias que califican las deudas de los Estados; el racismo regresa, no por influjo de teorías pseudocientíficas, sino por el don de la infalibilidad que dicen tener ese oligopolio las tres agencias calificadoras de las deudas estatales.

Estamos en emergencia. La crisis comprende todo, es una crisis que afecta a la sociedad civil y a sus instituciones. ¿Díganme que institución se salva? Desde la Monarquía, el Gobierno, las Cortes Generales, la Justicia, los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, la Iglesia, y un largo etcétera, hasta las nuevas formas de representación social –por ejemplo, el asamblearismo de los indignados-, ninguna se salva de esta crisis. Y no se salva, porque la crisis es sistemática, “sistémica”, es global; y eso quiere significar que con las comunicaciones instantáneas no queda nada sin que se vea afectado.

Esta semana he vuelto a escuchar las dos respuestas a esta crisis. Una parte del Gobierno, del partido que lo respalda (sin embargo, el presidente del Senado, Pío García Escudero, hizo un buen discurso en sentido contrario), bastantes empresarios, ciertos comentaristas periodísticos, sostienen que cuando la crisis económica se supere, las demás crisis desaparecerán a la vez. Su fórmula, lógicamente, consiste en corregir los desajustes económicos, básicamente corrigiendo el déficit fiscal por excesivo gasto social, y no realizar ninguna reforma de calado en las instituciones, pues esas reformas –que en principio no cuentan con consenso político- podrían retrasar la recuperación económica.

La otra respuesta tiene varias modalidades. Una de ellas propugna la revisión completa de nuestro modelo constitucional, pues piensa que esa será la única solución para esa crisis institucional global. Hay otra, en la que me encuentro, que opina que la crisis afecta a todas las instituciones porque es global, ya que todas las instituciones están interconectadas. Pero eso no significa que todas ellas no sirvan en el futuro. Vuelvo a repetir mi convicción como historiador: los Estados con constituciones más antiguas son los que mejor transitan en esta crisis global. Y desde luego, no se plantean cambiar completamente sus instituciones, sino reformarlas a partir de su experiencia con la crisis, pero sobre todo, con la experiencia de aquellos tiempos en los que no había el excepcional dramatismo de los actuales.