El recurso del euro por receta

Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba ayer que el Gobierno iba a recurrir el euro por receta que se cobra a los usuarios de la sanidad pública catalana, al tiempo que avisaba a Madrid que haría lo propio si la Comunidad imponía este mismo sistema en 2013. El argumento para interponer recurso ante el Constitucional parece sólido ya que, a juicio del Ejecutivo, esta tasa “vulnera la normativa estatal sobre sanidad y productos farmacéuticos y la igualdad de los españoles, gravando por dos veces la compra de medicamentos”. Hay que recordar que a principios de verano entró en vigor un sistema de copago que, a diferencia del euro por receta -que es para todos-, discrimina en función de la renta.

Básicamente, no hay dinero, y ello ha obligado al Gobierno a hacer una serie de recortes tan impopulares como necesarios para la subsistencia del sistema. En su momento, pesos pesados del PP como Cristóbal Montoro o María Dolores de Cospedal se mostraban contrarios al copago, aunque las circunstancias han obligado a plegar velas. En 1991 se presentó en el Parlamento el llamado “informe Abril”, un pormenorizado estudio sobre la sanidad española cuyos postulados siguen aún hoy vigentes. En él se alertaba del agotamiento del sistema sanitario público, y se proponían medidas para la optimización de sus recursos a todos lo niveles: humanos, financieros y técnicos. El copago era una de ellas, y su argumentación responde tanto a criterios de rentabilidad como de sentido común. Si lo que se pretende es la pervivencia del sistema público de salud con los parámetros de calidad deseados por todos, resulta imperativa la adopción de fórmulas que permitan financiarlo.

Gravar con un precio simbólico un número limitado de recetas, del que se excluiría a las rentas más bajas, es algo que ya entonces en informe sugería que se tomarse en consideración. Por otro lado, es verdad que se han cerrado algunos centros, se ha reducido el horario de otros y no se han renovado muchos contratos. Ahora, además, habrá que pagar por los traslados sanitarios no urgentes. Sería absurdo pensar que todo ello no redundará en un menoscabo de la calidad asistencial. Pero es eso o el colapso. Estado y comunidades autónomas están haciendo lo posible por paliar la actual situación. No basta. De momento, tendremos la sanidad pública que nos podamos permitir y, una vez apagado el actual incendio presupuestario, será imperativo recuperar una calidad asistencial valorada en todo el mundo, y a la que no se debe de renunciar.