De nuevo la politización de los Jueces

Hace algunos días, exactamente el 28 de noviembre pasado, en un importante coloquio en Madrid sobre el conocido “Informe sobre España” que realizó mi compañero Muñoz Machado, Miguel Roca indicó en repetidas ocasiones que la posibilidad de un referéndum en Cataluña se apoyaría, fundamentalmente, “en la fuerza normativa de lo fáctico”, esto es, en una realidad abrupta que elimina el dato constituyente, la Constitución misma y la sustituye por la acción directa que apela a una situación nueva e imprevista constitucionalmente y que tiene fuerza y surgencia bastante como para alterar y derogar incluso a la Constitución misma.

Puso como ejemplo que Azaña con otros se dirigió al Ministerio de la Gobernación y señalando a los guardias, les indicó que tomaba posesión el nuevo y legítimo Gobierno de la República “lo cual no hubiera podido hacerlo con la entonces vigente Constitución, que naturalmente era Monárquica”.

Y para reforzar lo dicho, mostrando como nadie cree en la letra y el espíritu de la Ley si ésta es contraria a la realidad social (o política) citó unas palabras del actual Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, invitando a los Jueces a no aplicar las leyes si éstas eran contrarias a la situación exigida por la realidad y en concreto el Sr. Moliner pidió, según Roca, que no aplicaran la Ley Hipotecaria (sus consecuencias) en orden al ejecutar los desahucios.

Y ya puestos en materia, esta misma semana el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en contra de lo indicado en el programa electoral del Partido Popular vuelve a insistir en que los Vocales del Consejo General del Poder Judicial han de ser elegidos directamente por los partidos políticos, esto es, que serán animales políticos los que decidan sobre los nombramientos y selección de los Jueces, sobre su disciplina…

No es el momento de contestar a Roca sobre lo que supone la teoría del coup d'état, desde Lenin hasta Franco y sus consecuencias, tema que podemos dejar para otra vez. Me interesa en estos momentos, por su novedad, usar su referencia sobre la actitud del Presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, por lo que tiene, en mi opinión, de letal, absolutamente letal, para el Estado de Derecho.

Por de pronto, el Juez no es un intérprete social ni político, como lamentablemente se está instaurando cada vez más, sobre todo vía Asociaciones Judiciales. Éstas, hablan de todo, sobre lo divino y lo humano, se pronuncian siempre políticamente – no jurídicamente – y son resueltamente organizaciones puramente ideológicas que, cada vez más, destruyen el Derecho sustituyéndolo por la Política, la cual, resueltamente, recomiendan que se lleve a las Sentencias. Sentencias que así cada vez más son ya meras decisiones ideológicas sin fundamento normativo (jurídico) alguno. Sentencias que conectan con sentimientos muy primarios, con ideologías partidistas, con el más puro decisionismo político y que para nada tienen en cuenta ni el Derecho ni su sistema de fuentes, que quedan arrumbadas por el prejuicio político, muchas veces inclusive, de índole personal.

Frente a la racionalidad de la norma y su interpretación ordenada y reconocida mediante la exigencia de la aplicación clara de la Ley y desde luego la aceptación de la jurisprudencia, las palabras de Moliner apuntan a la más completa ideologización y desorganización de la Justicia. Se trata de llevar, insurrección, revuelta, al seno mismo de la sociedad, por la vía de que cada Juez sea un activista que sediciosamente desconozca la ley y la sustituya por su criterio personal alegal, esto es, más allá de la ley y con desconocimiento de la misma, cuando no oponiéndose sin más a ella.

No es este el papel que corresponde a un Juez en un Estado de Derecho, mucho menos si es de corte continental. No. El Juez es un intérprete legal, no político y no está encargado de realizar tareas sociales, sino aplicar la ley, que es su cometido. La idea de interpretar la ley de conformidad con la realidad social, que efectivamente luce en el artículo 3 del Código Civil, no es un alibi para conectar con esa supuesta realidad y desconocer la norma. Más sencillamente, es una técnica de interpretación realista que parte de la propia Ley y que impide el absurdo en su aplicación. Esto es todo, nada más y nada menos. Pero en modo alguno supone, como indican las palabras de Moliner “un uso alternativo del Derecho”, doctrina ésta que tuvo su origen en Italia hace cuarenta años y que se dio de bruces con la propia realidad que se revolvió contra quienes como Jueces olvidaron que es la legalidad y no la arbitrariedad, la que ha de regir sus comportamientos y decisiones.

Las palabras que pronunció Moliner, han tenido el efecto que Roca les atribuye: eliminar cualquier vestigio de legitimidad en la Ley y sustituirla por la pura y desnuda ideología y la interpretación sentimental, ideológica o psicológica de la realidad tal como se le aparece al Juez de turno.

Estamos viendo como algunos acaban con el Estado de Derecho y ello realizado desde la cúpula y el seno del Estado. Nos arrepentiremos en términos de seguridad jurídica, justicia, y libertad. Porque no se puede romper impunemente el principio de separación de poderes, puesto que las reformas que haya que hacer corresponden al Parlamento y al Gobierno, no a los Jueces. Estamos creando un monstruo de irresponsabilidad en los Jueces, cada uno por su lado con su ideología y sin control ni responsabilidad.

O se vuelve a la senda del Estado de Derecho y el Juez es un intérprete legal y no social ni ideológico, o en la Justicia, simplemente, no se podrá confiar nada. Ya es muy mala, y todos lo sabemos. Pero se trata de mejorarla, de dar instrumentos de reforma y no de revolución. Y eso es lo que al parecer desconoce el Sr. Moliner, si sus palabras son tal como las interpretan los políticos y nos las recuerdan después.
Volvamos al Estado de Derecho y a la creencia en los Jueces. Esa ganancia para un país puede ser infinita .