Corrupción: también fin de época

Las noticias sobre el ex-senador Bárcenas, gerente del PP hasta 2004, y después tesorero de ese partido hasta su renuncia en 2009, imputado en el llamado “caso Gürtel” (conocido así porque en alemán significa “correa” y Francisco Correa se llama el empresario procesado en ese caso famoso) han sobresaltado aún más a la opinión pública: Luis Bárcenas disponía de 22 millones de euros en Suiza; seguía usando un despacho en la sede central del PP; y su abogado ha informado que Bárcenas pagaba sobresueldos a destacados dirigentes del partido –ahora- del Gobierno.

Es comprensible que la cólera ciudadana esté a punto de desbordarse; la gente corriente está muy enfadada porque escucha justificaciones propias de abogados defensores ante hechos, como los que afectan a Bárcenas y su (¿antiguo?) partido, que requerirían explicaciones políticas claras y exhaustivas. ¿O es que la opinión pública se va a conformar con la información que provenga de los abogados defensores de Bárcenas? ¿Es aceptable que de Cospedal para arriba, los responsables del partido del Gobierno se pongan de perfil ante estas circunstancias? El caso Bárcenas no es algo personal del señor Bárcenas, sino un asunto que afecta a la moral ciudadana de este país.

Y aquí es donde comienzan las conjeturas. El caso de Bárcenas no es un asunto que afecte individualmente a Luis Bárcenas; ese ha sido el argumento de su abogado, el catedrático y prestigioso abogado penalista, Miguel Bajo Fernández. Él ha venido a decir que su cliente, el señor Bárcenas, ha cumplido con Hacienda, regularizando el dinero que tenía en Suiza, de acuerdo con la norma recientemente aprobada. Más aún. Miguel Bajo ha manifestado su estupor porque la Agencia Tributaria sacó una nota, sin firma alguna, en la que desmentía que Luis Bárcenas hubiese regularizado su dinero. Según explica el abogado, la nota de la Agencia Tributaria no relata la verdad.

Primera conjetura que flota en el ambiente: ¿Por qué no sale Pilar Valiente a aclarar estos extremos? Nombrada recientemente por el ministro de Hacienda, responsable de la Oficina Antifraude, Pilar Valiente tendría sumo interés en demostrar que su Oficina, y a la postre, la Hacienda del Estado, nunca ha actuado parcialmente en asuntos que están sometidos a actuaciones judiciales. La sombra de otro caso, el caso “Gescartera”, debería impulsar a Valiente a dejar que entre la luz en el de Bárcenas (y en el de “Gürtel”).

Segunda conjetura: esos 22 millones suizos, ¿son realmente de Luis Bárcenas? Una de las interpretaciones de las declaraciones del abogado, Miguel Bajo, nos llevarían a esa explicación. ¿Por qué el abogado señor Bajo pide al PP que investigue el pago de sobresueldos no declarados en Hacienda?: -“No hay procedimiento penal abierto por la cuenta en Suiza y quedaría amparado por la amnistía fiscal. El tema de los sobres tendría que investigarse”-, ha declarado Miguel Bajo al periodista Carlos Herrera en “Onda Cero”. Esos millones, o al menos una parte de ellos, ¿sirvieron como fondo para hacer efectivos esos pagos irregulares?

Desde luego las palabras pronunciadas por ese abogado, que no es un letrado indocumentado, abren un boquete en la credibilidad del Gobierno, y en las verdaderas intenciones de algunas de sus medidas para hacer punto y aparte con la defraudación fiscal.

Pero por encima de todo, este episodio, sea cual sea su posterior evolución, indica que ha llegado el fin de una época, en el terreno de la corrupción también. Sintetizando, podemos enumerar:

1. Se acabó con que el dinero sirva para hacer política; con dinero se resolvían problemas y hasta se prometían nuevos o supuestos derechos.

2. El dinero fácil para desarrollar políticas partidarias también se ha acabado; el llamado pelotazo inmobiliario, además de hundirnos en una montaña de deudas familiares y empresariales, necesitó del poder o de las influencias partidarias para seguir dominando en las diversas instituciones sociales.

3. Los partidos políticos no podrán ser dirigidos más por minorías oligárquicas. El pluralismo interno será imparable. El ejemplo de Esperanza Aguirre en este caso resulta ilustrativo de la nueva situación; con Aznar nadie se hubiera atrevido a discrepar con motivo de la supuesta corrupción partidaria; tampoco le disputarían su mando en cualquier Región como ocurre ahora con Rajoy; y desde luego, ningún gobierno del mismo partido hubiera sido capaz de resistirse al Gobierno de la Nación, hasta el límite de llegar al Tribunal Constitucional. Estos hechos son nuevos. Al desaparecer el dinero, desaparece la omnipotencia de las cúpulas dirigentes partidarias.

4. Los partidos políticos, cada vez más, no podrán contar con la “prensa amiga”. La falta de dinero, y la competencia por mantener unos lectores (o televidentes y oyentes) mucho más críticos, juegan a favor de una mayor independencia periodística.

5. Contra lo que parece, el sistema político español tiene capacidad para enderezar la situación. La separación de poderes ha funcionado una vez más. Ni siquiera una mayoría absoluta, con una oposición parlamentaria todavía débil, ha servido para que un caso como “Gürtel” se borre para siempre. Esa descalificación global de nuestro sistema constitucional, argumento favorito de los movimientos alternativos, puede que no aumente con el paso del tiempo.

6. Los grandes partidos políticos saben que tienen que realizar las reformas institucionales que los ciudadanos demandan con urgencia. Sin ellas, ni se podrán culminar las necesarias reformas económicas, ni tendrán asegurada su supervivencia electoral.