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El 15 de enero ya tomó esta decisión por la misma medida en Cataluña

El Constitucional suspende el euro por receta vigente desde el 1 de enero en Madrid

martes 29 de enero de 2013, 13:03h
El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la aplicación del euro por receta vigente en la Comunidad de Madrid desde el día 1 de enero. La decisión ha sido adoptada al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno. El pasado 15 de enero, este tribunal suspendió la misma medida en Cataluña al admitir un recurso similar del Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender este martes la aplicación del euro por receta vigente en la Comunidad de Madrid desde el día 1 de enero. La suspensión ha sido adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno central.

El pasado 15 de enero, el Tribunal Constitucional también suspendió el euro por receta en Cataluña al admitir otro recurso similar del Ejecutivo. Además, el tribunal ha admitido también el recurso contra el euro por receta en Madrid presentado por un grupo de senadores del PSOE.

En la providencia notificada este martes, el pleno del Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno y da traslado de su decisión a la Comunidad de Madrid para que en el plazo de quince días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas.

De este modo, las farmacias de la Comunidad de Madrid han dejado ya de cobrar la tasa de un euro por receta. Así lo ha avanzado el director general del Colegio, Carlos Ibáñez, quien ha indicado que las oficinas han recibido la orden de dejar de cobrar de forma "inmediata" la tasa.

Tras recibir la resolución de la Consejería de Sanidad, el Colegio ha notificado a través del correo electrónico y los mensajes de teléfono la consigna de no aplicar el cobro de la tasa en las 2.827 farmacias de la Comunidad de Madrid.

Ibáñez ha explicado que tanto el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty como el Colegio han coincidido en que era "procedente" aplicar la suspensión "de inmediato", a diferencia de lo ocurrido en Cataluña, donde se fijó una hora -las 23.00 de la noche- para paralizar el cobro cuando el pasado 15 de enero el Tribunal Constitucional suspendió su aplicación en esa comunidad.

Conforme a la legislación, ha dado traslado también de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Asamblea de Madrid.

En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indica que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno (el 18 de enero de 2013).

La providencia añade que "para los terceros", la suspensión será efectiva desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que comunicará a los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid.

El pasado 11 de enero el Gobierno acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno ha considerado que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.

El pasado día 15 de enero, el Constitucional admitió el recurso del Ejecutivo contra la decisión de la Generalitat catalana de cobrar un euro por receta, lo que notificó al día siguiente.

En su dictamen del 17 de enero, el Consejo de Estado determinó que la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid es inconstitucional.

Dicho dictamen determina que la aplicación del euro por receta "es competencia exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos" establecido en la Constitución.

Por todo ello, considera que la tasa implantada por la Comunidad de Madrid invade las competencias atribuidas al Estado.

El dictamen del Consejo de Estado, solicitado por el Ejecutivo, recogía los votos particulares de los consejeros Enrique Alonso, Fernando Ledesma y María Teresa Fernández de la Vega, quienes se han pronunciado en contra de la decisión mayoritaria.
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