Decenas de municipios vascos y catalanes recurren a toda clase de tretas para eludir la Ley de Banderas

Como en toda democracia y Estado de Derecho que se precie, la Ley es la máxima expresión jurídica por la que se deben regir todas las instituciones y organismos públicos. En este sentido, España se ha convertido, en lo que a la bandera nacional se refiere, en un país donde no siempre el ordenamiento se cumple como se debería, dando pie incluso a esperpénticas imágenes.

La Ley de Banderas, también conocida como la 39/1981, establece claramente en su artículo 3º que "la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica provincial o insular y municipal del Estado", una situación que dista mucho de producirse en decenas de localidades del País Vasco y Cataluña.

El auge de las formaciones independentistas, como ERC, Solitaritat o EH Bildu, hasta ostentar el poder en algunos consistorios de estas dos Comunidades Autónomas ha provocado que muchos municipios luzcan las respectivas banderas regionales al lado de las del municipio, marginando a la enseña nacional al baúl de los recuerdos y contraviniendo lo expresado en la Ley de Banderas.

Miniaturas para burlar la ley
En la actualidad, en más de un centenar de localidades catalanas no ondea como debería la bandera constitucional en sus edificios públicos. En ocasiones, de los mástiles sólo cuelgan la 'senyera' y la bandera local, pero se dan casos donde sólo llega a figurar la 'estelada', la enseña independentista con el triángulo azul y la estrella blanca a la izquierda.

Por ahora, el Ejecutivo ha adoptado medidas contra una docena de municipios catalanes, remitiendo los preceptivos requerimientos legales a instancias de la Delegación del Gobierno o del Defensor del Pueblo a los consistorios gobernados por ERC, CiU, Solitaritat o Compromis de Tárrega, Corbera de Llobregat, Igualada, Agramunt, Borges Blanques, Vilafranca del Penedès, Balaguer y Cal de Tenas, o incluso abriendo dos procesos contencioso-administrativos contra los ayuntamientos de Vilasar de Dalt y Gallifa.

Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Para evitar una sentencia en firme, el consistorio de Gallifa, en manos de Jordi Fornas (Solidaridad Catalana por la Independencia), ha colgado una bandera española en miniatura en la fachada de la Casa de la Villa para que no se pueda decir que el símbolo nacional no figura.


La mini bandera española de Gallifa (Barcelona).

Sin embargo, la ley también es muy clara en este punto, ya que señala que la bandera de España no puede situarse en un lugar secundario en la fachada de un edificio público y que su tamaño siempre debe de ser igual o superior a la del resto de enseñas públicas, algo que en Gallifa está muy lejos de cumplirse. No hay que olvidar que esta localidad barcelonesa de apenas 200 habitantes fue, además, la primera en declararse en rebeldía fiscal contra España, por lo que no es su primer desafío a la ley.

Pero estos trece municipios catalanes rebeldes no son los únicos que incumplen el ordenamiento jurídico, ya que la Delegación del Gobierno ha denunciado que este tipo de situaciones también se dan en hasta un centenar más de municipios a lo largo y ancho de Cataluña, especialmente en localidades pequeñas del interior en las que el independentismo está más arraigado.

Para plantar cara al Estado, estos pueblos secesionistas se han aglutinado en torno a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que la semana pasada pedía al Gobierno de Mariano Rajoy que dejara de promover una "guerra de banderas" y que permitiera a cada localidad que eligiera qué símbolos colgar en sus edificios públicos.

En declaraciones a EL IMPARCIAL, la Delegación del Gobierno señala que "se tienen en consideración todas las denuncias al respecto, ya sea de ciudadanos o de partidos políticos, y que se abren los expedientes con regularidad según marca la ley, que está para cumplirse en Cataluña o en cualquier otro lugar de España".

La Ertzaintza se suma al desafío
Pero esta clase de ilegalidades no son coto privado de Cataluña. También en diversas localidades del País Vasco la bandera nacional ha sido retirada de varios ayuntamientos como parte de la política secesionista de algunos municipios, que ven en la presencia de la enseña constitucional una afrenta a sus aspiraciones independentistas.

En este sentido, no es novedad que alguna localidad vasca, en especial las que cuentan con alcaldes abertzales, decida, de manera ilegal retirar la bandera, como es el caso de las localidades vizcaínas de Sopelana y Trapagaran, cuyos equipos consistoriales decidieron hace unos meses rebelarse contra la ley y retiraban la bandera de España del balcón del ayuntamiento. Tras un juicio, la Abogacía del Estado logró que todo volviera a la normalidad.

Un caso muy similar tuvo lugar en Getxo en abril de 2011, cuando un mandato judicial "irrecurrible y firme" del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó al ayuntamiento a reponer la bandera, que llevaba varios meses sin ondear en los edificios públicos de la localidad. O en Irún, cuando se decidió que la enseña nacional figurara todos los días y no sólo en fechas señaladas o festivas.

Otra situación que se da con preocupante asiduidad es el estado de abandono en el que se encuentra la enseña nacional en determinados casos. En algunos municipios, la enseña se encuentra en mal estado como parte de la afrenta al Estado. Este fue el caso de la que ondeaba el año pasado en el ayuntamiento de San Sebastián con un alcalde, Juan Karlos Izaguirre, perteneciente a EH Bildu, hasta que el Ministerio del Interior ordenó su inmediata sustitución.

Pero no sólo en los ayuntamientos se dan este tipo de ilegalidades. A comienzos de este año saltaba la noticia: los cuarteles de la Ertzaintza en Eibar, Zumarraga, Beasain y Erandio, cuatro municipios regidos por gobiernos del PNV o de EH Bildu, habían retirado la bandera española de sus instalaciones manteniendo la ikurriña, la del propio cuerpo de seguridad y hasta la de la Unión Europea.

Rápidamente la Consejería del Gobierno del País Vasco, al frente de la cual se encuentra Estefanía Beltrán de Heredia, desmintió categóricamente que esta situación fuese instigada desde la lendakaritza, aunque no se ha abierto expediente alguno a los municipios ni a los responsables de la Ertzaintza a cargo de los cuarteles. Un extremo que se vuelve a descartar en conversación con este periódico, al tiempo que se señala que la estrategia a seguir es "hacer cumplir escrupulosamente la ley".

Sin embargo, también otros edificios públicos dependientes del Gobierno vasco, como algunas oficinas del INEM (ahora SEPE), han visto cómo la enseña constitucional desaparecía temporalmente de sus instalaciones, incluso con el socialista Patxi López como lendakari.

De seguir esta tendencia, todo apunta a que los demócratas y los defensores de la unidad de España tendrán que seguir el ejemplo de Yolanda Barcina, ex alcaldesa de Pamplona y actual presidenta de Navarra por UPN, quien en 2007 tuvo que atornillar la bandera nacional para que los proetarras no la ultrajaran ni la retiraran.