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Ejes de una política progresista I

Javier Zamora Bonilla
martes 29 de enero de 2013, 20:29h
En estos tiempos líquidos que vivimos, cuando todo se confunde desintencionada o intencionadamente, a veces por convergencias naturales de las cosas, otras, por ignorancia, y otras, por tergiversaciones inocentes o malintencionadas, pienso que es positivo tener algunas ideas claras, algunas certezas o, al menos, certidumbres. Por eso, me permito expresar cuáles son, en mi opinión, los ejes sobre los que debería rotar una política progresista europea en el siglo XXI: la profundización en los valores y mecanismos de la democracia, la educación pública, una economía de libre mercado con conciencia social y ecológica, y una fiscalidad limitadamente progresiva que no haga recaer casi todo el peso de la hacienda pública sobre las rentas del trabajo. En las próximas semanas, iré desgranando algunas propuestas en relación a estos ejes de una política progresista.

La legitimidad de las instituciones políticas es uno de los basamentos, quizá el más relevante, de nuestras sociedades. El politólogo Juan José Linz nos ha enseñado en numerosos escritos sobre la Europa de entreguerras la importancia que tuvo en aquella época la consideración que a los ciudadanos les merecían sus propias instituciones públicas. En aquellos países donde muchos ciudadanos no consideraban legítimas las instituciones de gobierno, bien porque no lo fueran, bien porque eran incapaces de dar respuesta a los problemas planteados, las probabilidades de que las incipientes democracias quebraran y cayeran en dictaduras o regímenes totalitarios fueron muy superiores a las de aquellos otros países en los que había un consenso sobre la forma de gobierno y la manera de ejercerlo y, además, las políticas efectuadas respondían mal que bien a las necesidades de la gente.

Hoy encontramos síntomas evidentes y cada vez más preocupantes de una creciente deslegitimación de las instituciones públicas en la incapacidad de los políticos para dar respuesta a los problemas reales de la gente, en la disfuncionalidad de algunas instituciones o de sus miembros, en los privilegios desproporcionados de algunos políticos, en los constantes casos de corrupción que transmiten la impresión de que unos cuantos se han llevado el dinero que falta –aunque la interpretación sobre la crisis tenga que ser mucho más compleja–, y en los también frecuentes casos en los que la ética pública y privada brilla por su ausencia por mucho que no se vulnere la ley, la cual parece hecha en beneficio de una “casta” política.

En esta situación, el riesgo de que muchos ciudadanos se dejen llevar por los populistas cantos de sirena que prometen paraísos cercanos es muy grande. Una política progresista, consciente de la complejidad de los intereses que confluyen en la sociedad actual, debería distanciarse del discurso populista y plantear una profundización en los valores de la democracia para buscar los modos en que estos valores impregnen las instituciones a todos los niveles, desde los ayuntamientos a la Unión Europea. Sin duda, hay que aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para facilitar una mayor participación ciudadana y gestionar razonablemente en beneficio del común los ricos debates que se producen en la sociedad civil, pero sin caer en la ingenuidad de pensar que las nuevas tecnologías son la panacea para una democratización de nuestros sistemas políticos. Son un mecanismo más, pero por sí mismas carecen de contenidos. Éstos, precisamente, son los que una política progresista tiene que ser capaz de idear sin perder el referente histórico de las libertades y derechos individuales, políticos y sociales, y las virtudes del sistema parlamentario y de la división de poderes.

No es coherente demonizar a la democracia representativa sin idear a la vez fórmulas que permitan sustituir sus engranajes para representar y expresar los distintos intereses sociales. Pensar que las nuevas tecnologías facilitarían una democracia asamblearia global es utópico, porque parte de la idea equivocada de que la mayoría de la gente tiene interés en estar opinando constantemente sobre las cuestiones políticas. Los riesgos que ofrece una democracia internauta de caer en una política elitista controlada por un grupo más o menos reducido de cibernautas son grandes, pero esto tampoco debe impedir avanzar por el camino de introducir las nuevas tecnologías en la gestión directa o indirecta de la política por parte de los ciudadanos. Sería muy interesante ahondar en propuestas que ya se han llevado a cabo en la vida municipal para que los ciudadanos decidan directamente sobre algunas cuestiones. También hay que facilitar que a través de las nuevas tecnologías se puedan preparar propuestas de ley que lleguen a los parlamentos elaboradas por la sociedad civil y luego sean votadas por los representantes legítimos de la soberanía. En fin, hay que intensificar la participación de la sociedad civil en la gestión política, pero sin pensar que la sociedad civil puede sustituir a los verdaderos representantes de la soberanía.

La representación también se tiene que adecuar a los nuevos tiempos, por un lado con mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana en la selección de los representantes políticos antes de que aparezcan en las listas electorales –así se podría moderar la sensación de partidocracia que todos tenemos–, por otro lado, con una mayor capacidad de elección dentro de las listas, es decir, listas abiertas, y, por último, con mecanismos que arbitren modos de mayor control ciudadano sobre la función de los representantes públicos, incrementando la transparencia en la gestión de lo que nos es común.

La profundización en los valores democráticos requiere también una mayor transparencia en la administración pública, una agilización de los procesos burocráticos, incluyendo los parlamentarios y los judiciales, ámbito este último en el que es asimismo necesario emprender una reforma urgente del poder judicial, porque no hay democracia sin justicia, la cual, además de ser justa, como es evidente, tiene que producirse en unos plazos razonables y a un coste razonable para aquellos que consideran vulnerados sus derechos.


Hay otros muchos aspectos en los que se pueden indagar fórmulas para una mayor democratización de la esfera pública y una mayor participación ciudadana, muchos de ellos en ámbitos tan aparentemente nimios como los problemas a los que los ciudadanos se enfrentan en su día a día. No se trata de un buzón de quejas o sugerencias en la red para expresar el malestar ciudadano, sino de fórmulas eficaces de conectar a los ciudadanos concretos y sus problemas con los políticos y gestores que toman las decisiones para que les llegue a éstos la protesta sobre el bache en una acera, la zanja en una calle, la parada del autobús sin un banco en el que sentarse, los destrozos en el mobiliario urbano que nunca son reparados, la biblioteca pública sin fondos para comprar libros, los cursos de formación para parados que no se orientan a las necesidades de la población sino a los intereses de ciertas empresas, la arqueta mal cerrada que puede provocar un accidente... A veces, de tanto mirar a las soluciones globales nos olvidamos de que la mayoría de los ciudadanos quieren respuestas a los problemas concretos.

Javier Zamora Bonilla

Profesor de Historia del Pensamiento Político

JAVIER ZAMORA es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de León, ha completado su formación con estancias de investigación en el Massachusetts Institute of Technology, el Max-Planck Institut für Geschichte y el Colegio de México.

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