¿Cómo luchan contra la corrupción nuestros países vecinos?

Unión Europea: la relación de los parlamentarios con los grupos de presión o lobbies está regulada y la transparencia, al menos sobre el papel, está regulada al detalle. Este hecho no evita que, como ocurre en la política española, los representantes que abandonan la política recalen en empresas con las que han mantenido estrecha relación durante el ejercicio de su responsabilidad pública, algo cuestionable más en el aspecto ético que en el legal. Respecto a los "agradecimientos" o "detalles", lo que conocemos como regalos, jamás pueden superar los 150 euros o el asiento en Bruselas estará en serio peligro si se descubren.

Francia: la lupa en este caso está sobre la financiación de los partidos, aprobada en 1988 y revisada hasta en cuatro ocasiones, que aun así parecen ser insuficientes. En estos momentos, la justicia investiga la posible entrega de dinero negro de la propietaria de la poderosa L’Oreal a la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. En la legislación figuran elevadas ayudas públicas para así reducir la tentación de aceptar numerosas y suculentas donaciones privadas. También, un límite en los gastos máximos electorales, un tope que no se puede superar, evitando así, o al menos intentándolo, un coste desproporcionado en la carrera hacia unos comicios o que requiera de un vasto acopio de fondos. En el retrovisor, la condena a Jacques Chirac por malversación, abuso de confianza y prevaricación en 2011.



Italia: la ley anticorrupción fue aprobada a finales de 2012 bajo el impulso del Ejecutivo de Mario Monti. Como gran apuesta, la prohibición de que puedan sentarse en la Cámara de los Diputados los políticos con una condena en firme. El motivo primordial, según palabras del propio Gobierno, impedir la desconfianza de los mercados hacia un país sobre el que pesa una triste imagen y al que, por este motivo, le cuesta ser competitivo. Además, no pueden formar parte de consejos de administración de entes públicos personas declaradas culpables de delitos graves, especialmente contra la administración pública, tales como malversación. Asimismo, se crea una Autoridad Nacional Anticorrupción de la Administración Pública que vigilará, entre otros asuntos, la transparencia de acciones como la concesión de contratas. Por supuesto, absoluto cuidado para que la mafia no participe ni directa ni indirectamente en ningún frente político o comercial con el Estado. La norma establece, por último, incentivos para los funcionarios que denuncien malas prácticas.

Alemania: es percibida como recta e intransigente con quien rebasa la línea de la ley. Sin embargo, hay lagunas. En cuestión de dimisiones, pueden ser motivo de ello el plagio de una tesis doctoral u operaciones financieras opacas o turbias de menor grado que algunas conocidas en nuestro país, sin dar tiempo a la furia o indignación en las redes sociales o en las calles. Se trata de una cuestión de honor. Sin embargo, este país no es ajeno a la gran evasión fiscal y es criticado por su tibieza en este asunto, así como por la financiación de los partidos y sindicatos, en la que participan destacadas empresas y sobre la que hay manga ancha pese a una legislación estricta que manda rendir cuentas ante el Bundestag. A esto hay que sumar la no firma de Alemania de la convención de la ONU contra la corrupción o la investigación de alguno de sus bancos en el extranjero y no en territorio propio, como es el caso del Deutsche Bank.

Reino Unido: difícil definición de su situación, pues encontramos escándalos y ejemplos de corrección casi a partes iguales. De nuevo la financiación de campañas en el punto de mira o, en este caso particular, la venta de títulos nobiliarios a cambio de generosas donaciones al Estado. Ocurrió con el último equipo laborista, con Tony Blair como primer ministro. La línea roja para la dimisión se ha movido algunos pasos hacia la tolerancia y se dan distintos casos de parlamentarios que estiran la ley y juegan con ella, al tiempo que aprovechan su situación, y se enriquecen durante su estancia en el cargo. Un caso que en España despertó protestas, el de los iPad supuestamente extraviados, allí se da con electrodomésticos o gastos particulares con dinero jamás previsto para fines particulares.