Gobernanza y colegios profesionales

Hasta principios de este siglo, el Diccionario de la Real Academia definía “gobernanza” como una arcaica forma de la evolucionada expresión “gobernación” que es el arte y la técnica de ejecutar las políticas públicas por las altas instancias del Ejecutivo. Pero luego, de forma un tanto sorpresiva, la Real Academia, a partir de la edición del DRAE del año 2002 se hace cargo ya de la correcta y nueva versión de gobernanza, en la que las políticas públicas se centran en el equilibrio entre la Administración, el mercado y todas las organizaciones sociales. Llamándose así “gobernanza” a un término derivado del inglés (que limitadamente no tiene “governation” entre su léxico) y que pretende mejorar la forma de lograr una Administración más cercana y menos autoritaria, sabedora de sus límites, superadora de la, siempre – vieja, idea de participación (que acabó en un cierto fiasco ya que no se sabe nunca quienes participan y por qué, salvo que fuera a título de privilegio) y finalmente, tendente a racionalizar el modelo de Administración con incorporación de nuevos principios muy ligados a la idea de transparencia, epítome sin duda de una racionalización al servicio de los ciudadanos.

Y llegados aquí, nos encontramos que los Colegios Profesionales también son Administraciones Públicas. Ciertamente peculiares y, por así decir, “a tiempo parcial”, ya que la autonomía colegial –sagrada para sus miembros- obliga a primar el carácter asociativo, pero siendo muy conscientes a la vez de la enorme carga que la delegación pública de funciones les representa y que desde luego puede aumentarse todavía en varios grados más para liberar a la Administración Pública genuina de muchas tareas que son verdaderos “cascotes” para ella, y que los Colegios pueden resolver de forma fiable, solvente y sólida.

En este campo, la primera tarea que la gobernanza impone es la de saber explicar y motivar lo que hacemos, con transparencia y fiabilidad. Y hacerlo tanto para dentro “interna corporis” como hacia fuera. De manera que lo que debe quedar dentro de la confidencialidad en el proceso de toma de decisiones colegiales, sea absolutamente mínimo, y eventualmente, con el tiempo, también pueda llegar a conocerse.

Cabe añadir que, así, el proceso de toma de decisiones es más racional. Y hay que añadir que, preservando siempre la autonomía y desde luego la gestión de nuestros intereses y nuestros derechos, también es capital aceptar que no podemos saberlo todo y que hay que acudir en ocasiones extramuros de nuestra organización para humildemente aceptar opiniones y pareceres externos, que puedan explicar a los colegiados el por qué de una determinada política. Porque en ocasiones, tendremos que variar comportamientos o tareas tradicionales, abandonándolas o sacándolas de nuestro cometido, lo cual, decididamente, solo puede hacerse con fundamentos muy sólidos y actitudes muy solventes y bien fundadas, las cuales, no pueden responder a simples modas. Y ello lleva inevitablemente a pedir ese consejo externo para introducirlo en el debate interno con entera naturalidad. Así, abrirse un tanto a lo que la propia sociedad, las instituciones sociales, los mercados, en fin, lo que la actual historia (valga la contradicción) nos exige, forma parte de esta nueva gobernación.

Como también lo es conocer que las reglas, el Derecho en definitiva, juega un papel esencial en la democracia interna del Colegio, que no puede quedar dominado simplemente por la visión tradicional autoritaria en la que tantas veces se han movido, consecuencia de una historia y unas costumbres que es necesario revisar. Ello puede tener lugar máximo en el debate presupuestario anual donde hay que cambiar hábitos, evitando la decisión pura y sustituyéndola por una discusión en buena lid, y con la capacidad de llegar a alterar las partidas incluso de manera muy intensa. Supone esto que hay que tener también una actitud técnica, capaz de argumentar razonadamente, pidiendo razones y dando razones, sin cortar la discusión – siempre que sea tal y no mero filibusterismo o ganas de puro protagonismo estéril – Dar y pedir razones dentro de un orden cerrado de argumentos -racionales y con soporte técnico- perfectamente conocido y que se llaman Estatutos: he aquí la forma de debatir en esta gobernanza, donde hay que hacer los números en cada decisión y no quedarse nunca en los famosos “argumentos incompletos” tan característicos de la clase política, quizás válidos para ella, pero en modo alguno para la comunidad colegial en la que nos conocemos o podemos conocernos y en la que toda decisión acaba repercutiendo de forma directa en la carrera profesional del compañero o en el ciudadano que necesita ayuda.

Y conectando con este último punto, el gran debate de la gobernanza colegial va a situarse en la equidad y en la deontología, hoy por hoy manifiestamente mejorable.

La cuestión es superar lo que en derecho de la competencia viene llamándose “la captura del regulador”, esto es, esa conexión íntima entre colegial y junta de gobierno por la cual ésta tendrá manifiestos reparos en acabar sacando a la luz todo lo que ha sucedido en un caso concreto y evidentemente, en las consecuencias que dicho caso puede tener para el colegial que ha incurrido en una falta o algún defecto.

Aquí hay que trabajar muy seriamente, si queremos ganarnos el nuevo respeto que la sociedad debe tenernos. Porque los tiempos que corren, suponen que el respeto se gana día a día, el prestigio es frágil y hay que conservarlo como la mejor joya de nuestra orfebrería jurídica, de manera que sabemos bien que ganar reputación es algo muy difícil y perderla es, lamentablemente, muy fácil. Y solo actitudes rectas, por tanto claras, pueden mantener ese prestigio. Y ello supone que, eventualmente, todo el campo de actuación de la deontología tiene que ocupar un lugar primero en nuestras preocupaciones. Somos sabedores de que esta tarea es complicada pero que socialmente es ineluctable abordarla.

El conocimiento se logra también día a día, no solamente por la formación inicial por grande que ésta sea. De ahí, que en esta nueva gobernanza haya que abordar equilibradamente la formación que exige desde luego la sociedad, tanto en sus aspectos económicos (conocimientos financieros, de mercado…) como en la innovación técnica y tecnológica, que hoy es un requerimiento permanente. Porque todo ha de estar al servicio del ciudadano, que es en quien hay que pensar desde todas las Administraciones, a empezar por la colegial. El ciudadano, en su forma de cliente, es el que se dirige a nosotros y somos nosotros los que debemos por encima de todo atenderle, para mejorar la contribución que podemos ofrecer a la sociedad. La tasa social de beneficios que un Colegio aporta ha de ser al menos igual a la tasa individual de beneficios que todos los colegiales recibimos de la organización colegial.

Además, colaborar con la Administración Central, Autonómica, Local, Institucional , por supuesto, pero diciéndoles siempre toda la verdad y también siendo exigentes con ella, llegando, llegado el caso, a publicitar lo que esas Administraciones han hecho… o no han hecho.

Explicarse y atender, innovar, conocer los propios límites, todo ello al servicio del ciudadano, colocar al Colegio en el centro de gravedad permanente de la referencia que tenga el cliente respecto de la profesión, aumento definitivo de la reputación y calidad del servicio día a día, reconocimiento de errores y responsabilidad asumida por ellos, desarrollo tecnológico atendiendo a las nuevas técnicas, pluralismo interno real con debate racional, extensión de nuestra actividad colegial proyectándola fuera de las puertas del colegio hacia la sociedad, deontología que haga fiable la acción colectiva del Colegio: éstas son las tareas de la nueva gobernación, que ahora hemos dado en llamar gobernanza, como por cierto llamábamos en la vieja lengua española en el siglo XVII, pero pensando ya, desde ahora, en el siglo XXI como único ámbito temporal en que los Colegios habrán de moverse.