El Gobierno tiene el visto bueno de la Abogacía para recurrir la declaración soberanista de Cataluña

Nuevo viernes difícil para la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecía junto al ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Difícil porque ni Mariano Rajoy ni sus ministros salpicados por informaciones polémicas estos últimos días, Cristóbal Montoro y Ana Mato, han hablado estos días ante los medios (salvo alguna entrevista aislada) ni, por tanto, ante los ciudadanos. Así, el interés de la convocatoria de La Moncloa residía en el caso Bárcenas y sus derivadas por encima de los propios acuerdos del equipo de Gobierno, centrados esta vez en las competencias de Arias Cañete, como el proyecto de ley de fomento a la integración de cooperativas agroalimentarias.

Un asunto que coleaba de precedentes consejos era la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. El Ejecutivo encargó a la Abogacía del Estado un análisis e informe acerca de la aprobación de este texto. El documento ha llegado y determina que hay “argumentos favorables a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad”, según Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno quiere recabar la opinión del Consejo de Estado antes de acudir definitivamente al Tribunal Constitucional, sabedor ya del más que probable visto bueno. No esconde la portavoz la intención de que el proceso avance lo más ágil posible para cerrar, al menos temporalmente, el capítulo independentista, dejándolo en manos de la Justicia.

Turno de preguntas. ¿Debe dimitir Ana Mato? ¿Considera desleal que Esperanza Aguirre haya considerado que la ministra de Sanidad debe marcharse? La vicepresidenta no ha querido valorar “las opiniones de cada cual”, en relación con Aguirre, y ha puesto en relieve que los tribunales ya se pronunciaron sobre los lazos de Mato con Gürtel, sin hallar delito alguno. El mismo silencio a medias -los tribunales mandan- acerca de la fortuna amasada por Luis Bárcenas en su etapa como tesorero del Partido Popular. Sáenz de Santamaría ha aprovechado esta vez su condición de portavoz del Gobierno para no entrar en cuestiones de partido. Instada a reconocer que algo no funcionó bien, que no hubo controles sobre este cargo de Génova, ha optado por no hacerlo.

Mariano Rajoy es el primer presidente del Gobierno que hará públicas sus declaraciones de la renta y patrimonio, sí ha destacado con la pretensión de mostrar la transparencia en respuesta a los papeles atribuidos a Bárcenas. También, que es compromiso del Ejecutivo la aplicación de “medidas contundentes” contra la corrupción y que conoceremos en adelante. Sobre un pacto con la oposición en esta materia, el Gobierno, ha dicho Sáenz de Santamaría, no ha “tirado la toalla” porque entiende que es una “exigencia social”.

El CIS también ha estado presente. La mala nota de los políticos en particular. “Tenemos que procurar hacer muy bien nuestro trabajo”, se ha excusado la ‘número 2’ de Rajoy. “En segundo lugar, tenemos que hacerlo con una gran responsabilidad todos. Es un momento difícil, pero podemos salir adelante. Nos es exigible que el comportamiento sea cada vez más ejemplar y transparente”, ha añadido. Para concluir, se ha comprometido a que esto sea así mediante acciones y también mediante leyes, pero no es una tarea que deba abordar sólo el partido que está en el poder, ha dejado entrever.