José Eugenio Soriano García: El poder, la administración y los jueces

Nos encontramos con un libro que aborda un tema recurrente en la España de hoy en día: la Justicia. Son cada vez más los ciudadanos que vierten contundentes críticas hacia la forma en que es administrada.

El autor, profundo conocedor de la materia objeto de estudio, se suma a las mismas, pero las particulariza. En efecto, opta por centrarlas en aspectos concretos como el proceso de nombramiento de los jueces por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre el cual afirma que no es un órgano judicial, sino político, cuyos integrantes (vocales) son claramente parciales, con lo cual, queda vulnerado el interés general. Todo ello produce un sistema de selección corrompido, que los propios interesados no tienen interés en cambiar, propiciando el consiguiente descrédito de la Justicia.

A la hora de hablar de conceptos como Democracia, Justicia o Estado de Derecho, no está autorizado cualquier autor, sino que debe de ser alguien que conozca la doctrina, la jurisprudencia y que tenga elevados conocimientos de Derecho. Soriano García lo es, lo cual le permite realizar una critica descarnada en la cual no teoriza, sino que denuncia, hecho que, por ejemplo, queda demostrado en la siguiente afirmación: “no es posible confiar en una Justicia que de antemano está desprestigiada. Y lo está sin duda alguna, cuando sus jueces no han logrado sus puestos por mérito y capacidad, sino por designio político” (pág.95).

En consecuencia, Soriano García se sale de lo políticamente correcto y arremete contra las asociaciones de jueces y su excesiva dependencia de los partidos políticos, lo cual adultera la Justicia. Frente a ello, apuesta por el concurso de méritos como sistema de promoción, lo cual daría como resultado la verdadera independencia de los jueces, lo que choca de manera frontal con la realidad, ya que actualmente es la fidelidad a un partido la que prevalece sobre el mérito. En “descargo” de la Justicia, añade el autor que ese dominio de los partidos se extiende sobre el resto de instituciones del Estado… lo que finalmente acaba desacreditando a las mismas.

Soriano lamenta que, aunque la independencia judicial es consustancial al Estado de Derecho (desde la Constitución de Cádiz de 1812), sin embargo hoy en día no está sometida al Derecho, sino a los poderes políticos. Esta tesis es fundamental a lo largo de la obra. No se trata de una exposición abstracta sino que propone ejemplos de lo que podría suceder en España si esta deriva se mantiene: nos mimetizaríamos con países como Ecuador, Argentina, Venezuela o Bolivia, donde los jueces administran la Justicia que les dicta el gobernante de turno.

Tampoco salen bien parados en su obra el concepto de justicia progresista o la consideración del Estado Social y Democrático como algo distinto del Estado de Derecho pues como argumenta “no hay una ética del Estado separada de la general ética social. Hay cumplimiento puro de las leyes establecidas para el manejo de la cosa pública” (pág.158). Sobre este punto insiste más adelante con una premisa contundente: “Democracia sin Estado de Derecho es populismo irrefrenable destructor de toda libertad” (pág.199).

La obra, pese a todo, culmina con un alegato para la esperanza, siempre y cuando se respeten unas condiciones mínimas, la principal: que sea el Derecho y no la política el que rija las decisiones sobre las personas que forman la carrera judicial y fiscal.

Por Alfredo Crespo Alcázar