El Consejo de Estado frena al nacionalismo catalán

A juicio del Consejo de Estado, “existen fundamentos jurídicos suficientes” para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero. Este parecer ya había sido expresado por la Abogacía del Estado, que también veía motivos para actuar legalmente contra el órdago secesionista. Se da la circunstancia de que Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Miguel Arias Cañete son abogados del Estado, siendo también acreditada la preparación jurídica del gabinete de Rajoy. Al Presidente le corresponde ahora hacer algo que no ha hecho hasta ahora y que tanto parece incomodarle: actuar en consecuencia.

Basta, como sugieren tanto el Consejo de Estado como la Abogacía del Estado, con echar un vistazo a la Constitución. El artículo 1.2 es claro: “La soberanía nacional reside en el pueblo español. Y el 2 dispone que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Con la declaración aprobada por los nacionalistas catalanes, el Parlament se arroga para sí la facultad de cercenar estos dos preceptos, quebrando los principios de soberanía y unidad y privando al resto de España de una de sus partes como es Cataluña. Cierto es que la iniciativa aún no ha producido efectos jurídicos tangibles, pero puede hacerlo, y la labor del Gobierno es evitar el mal antes de que se suceda. La política de hechos consumados puede costarle muy cara a un Mariano Rajoy que se borra cada vez que le viene mal dadas, llámese Barcenas o Cataluña.