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Los fiscales y el derecho a decidir

martes 05 de marzo de 2013, 23:39h
La Unión Progresista de Fiscales -UPF- apelaba ayer a la “libertad de expresión” del fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, a propósito de su apoyo explícito a una eventual consulta secesionista. Dicho apoyo le ha supuesto un expediente por el que será removido de su puesto, algo que según CIU y Esquerra “es un ataque a la democracia”. Es llamativo que precisamente los dos partidos que pretenden privar al resto de España de dar su opinión sobre la organización territorial del Estado enarbolen ahora la bandera de la democracia.

En cuanto a la “libertad de expresión” citada por los fiscales progresistas, quizá debieran atender al tenor del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal”.

Tanto la Abogacía del Estado como el Consejo de Estado han apuntado en sendos dictámenes la palmaria inconstitucionalidad de la declaración de soberanía y la eventual consulta secesionista. El pasado viernes, el Gobierno actuó en consecuencia anunciando que lo impugnaría. Lógicamente, la postura del Fiscal General del Estado se ha mantenido en esta línea, por lo que si ahora el fiscal de Cataluña mantiene una opinión manifiestamente contraria a la legalidad vigente, justo es que se le remueva. Además, el señor Rodríguez Sol olvida que no sólo ha de consultarse a los catalanes sino al resto de españoles, en tanto Cataluña incumbe a todos y no sólo a unos pocos.
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