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DESDE OTRA ORILLA

Partidos políticos y sociedad civil*

sábado 09 de marzo de 2013, 10:56h
La crisis ha puesto de relieve las insuficiencias estructurales de las naciones del sur de Europa. En la nuestra hemos debido rendirnos a la evidencia de nuestros propios excesos. La crisis española ha traído consigo una brutal reducción de la actividad económica. Los números no pueden hacer olvidar la masiva tragedia humana y social que tras ellos se esconde, en una sociedad hasta hace pocos años acostumbrada a la bonanza del dinero fácil y a la cobertura de necesidades por un Estado benefactor y omnipresente. La crisis económica ha desembocado en una crisis psicológica y moral, en la que sectores enteros de la sociedad española han perdido confianza en el futuro del país. La autoestima nacional se encuentra en los niveles más bajos de los últimos cuarenta años.

La urgente necesidad de sanear las finanzas públicas se ha traducido en una política de recortes y ajustes que ha traído consigo aumentos de impuestos y reducciones de gasto en una amplia panoplia de capítulos. Al tiempo que el sector público intenta racionalizar su actividad, el privado ha sufrido asimismo el impacto de la contracción. La economía española adolece en estos momentos de una perceptible y grave incapacidad para atender expectativas elementales de bienestar, otrora tenidas por adquiridas. Era normal que los españoles se preguntaran por las razones de lo acontecido y por sus últimos responsables. Como normal era y sigue siendo la inquietud de la ciudadanía ante las manifestaciones de corrupción que afloran en no pocos sectores de la vida pública, tanto por lo que revelan de punible codicia en la rapiña del esfuerzo del contribuyente por lo que suponen de grave pérdida de ejemplaridad por parte de aquellos más obligados en convertirse en paradigmas de la misma. Y el problema de la ejemplaridad es que, como en el caso de la virginidad, sólo se pierde una vez.

Era también normal que el descontento originado por una pérdida sustancial de capacidad económica fuera cobrando formas reivindicativas. Normal fue que la tardanza en la respuesta por parte de los poderes públicos multiplicara irritaciones e indignaciones varias. Ese precipitado de emociones pronto coincidió en señalar como responsable universal y único de la crisis a la clase política en su conjunto. Para una buena parte de la ciudadanía lo que está ocurriendo debe ser cargado en exclusiva a la incapacidad que caracterizaría a la clase política en general y al político en particular.

A la descalificación del político siguió la de las instituciones en donde el político actúa. Ya los “indignados” del 15 M pretendieron convertirse en asamblea representativa que sustituyera a la encarnada por el Congreso de los Diputados. Y el movimiento dirigido a la deslegitimación de las estructuras constitucionales ha cobrado nueva fuerza con las acciones para “rodear el Congreso”, que abiertamente proponían su disolución. En la misma longitud de onda, se sitúan las exigencias sindicales para que el gobierno convoque un referéndum con la finalidad de solicitar a la ciudadanía su parecer sobre los recortes. La inspiración es la misma: en la crisis no servirían las instituciones representativas y solo una nueva legitimidad, siempre asamblearia y mal definida, podría garantizar la regularidad de las decisiones.

Nunca, desde la llegada de la democracia, ha sido mayor el divorcio entre sociedad civil y clase política. La severidad con que la opinión pública española juzga a sus representantes electos apenas puede ser compensada con la evidencia de que no todos los políticos son iguales ni que, como bien recordaba Ortega y Gasset, “¿cómo se explica que España, pueblo de tan perfectos electores, se obstine en no sustituir a esos perversos elegidos?” La cuestión no es prescindir de los políticos, sino tomar las medidas oportunas para que respondan de manera adecuada al papel que la Constitución y las leyes les otorgan y la ciudadanía necesita. Una sociedad democrática no puede dirigirse con procesos asamblearios. La teoría y la práctica de la democracia han coincidido en señalar como necesaria la ordenación de la discrepancia sobre alternativas ideológicas que se canalizan a través de los partidos políticos. Lo dice la Constitución española en su artículo 6:”Los partidos políticos expresan el pluralismo politico, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos”.

Los partidos políticos españoles, deberían adoptar con urgencia las medidas necesarias para que las aspiraciones constitucionales respondieran a la realidad. Para ello, en un primer momento, no haría falta introducir ningún cambio legislativo, y sólo proceder a la adopción de actitudes que sirvieran para acercar a los representantes hacia los representados. Quizás fuera conveniente generalizar el sistema de las elecciones primarias, al menos para la elección del candidato a la presidencia del gobierno. Unas primarias abiertas no solo a la militancia o a las estructuras orgánicas del partido sino también a círculos más amplios de simpatizantes podrían ayudar a la identificación entre las formaciones políticas y las gentes del común

De otra parte los políticos españoles harían bien en comportarse no tanto como representantes de una determinada ortodoxia ideológica sino como “agentes sociales” para la mejora, la reforma y el cambio en sus respectivas circunscripciones y en la vida nacional. La política democrática se fundamenta en la vitalidad de la sociedad civil. El político español debería acentuar su experiencia con el entramado que suponen las asociaciones en las que se articula, cada vez más intensamente, la vida nacional. La participación en las aspiraciones, los éxitos o los fracasos de la ciudadanía debería ser parte esencial de su vivencia cotidiana. Esa revitalización de la acción política daría pie a que los partidos políticos convirtieran en realidad una promesa tan sistemáticamente repetida como incumplida en todos los comicios: que el Parlamento se convierta en el centro de la vida política nacional.

Conviene examinar la apertura de las listas a la libre elección del ciudadano o incluso la adopción limitada y corregida de un sistema mayoritario con circunscripciones uninominales. De manera simultánea convendría analizar importantes temas conexos, tales como el número total de diputados en el Congreso y nuevas y diferentes normas para la financiación de los partidos. Los partidos políticos, como las Iglesias, deben ser propiedad de sus parroquianos y subvencionados en todo o en parte por ellos. La fiscalidad debería tenerlo en cuenta, con las correspondientes desgravaciones allí en donde sea necesario, tanto para facilitar las aportaciones como para mejorar la el sentimiento de pertenencia del representante hacia el representado.

Asimismo habría que reducir la composición de las cámaras legislativas de las comunidades autónomas por razones de eficacia y de ahorro presupuestario. En la medida de lo posible esas cámaras legislativas deberían confundirse con las diputaciones provinciales, de las que en muchos casos son una simple duplicación. Los salarios de sus miembros podrían quedar reducidos, como originariamente se contemplaban en muchos de los estatutos de autonomía, a la percepción de dietas por asistencia. Cabria aplicar también a los ayuntamientos, sobre todo los de ciudades grandes y medianas, las mismas reglas de racionalización política, administrativa y presupuestaria.

Y convendría introducir una norma que limitara los mandatos de los elegidos a tres legislaturas. Limitación que también se aplicaría a los presidentes de los ejecutivos en los correspondientes niveles, desde el presidente del gobierno al último alcalde de una pedanía. Ello introduciría una sana rotación en la vida política y en sus representantes, a los que se ofrecería tiempo suficiente para desarrollar sus capacidades al servicio del pueblo español sin por ello hacer de una vocación, la política, una profesión vitalicia.

La sociedad española ha creído encontrar en la “clase política” la víctima propiciatoria de sus males y ha lanzado sobre los políticos una condena sin paliativos a la que conviene responder con claridad. La responsabilidad de los políticos en esta y otras crisis es innegable y no cabe ignorarla ni esconderla. Pero necesitamos política y políticos, instituciones representativas que efectivamente lo sean, paradigmas morales de comportamiento que sirvan para reconstruir la maltrecha psique nacional. En democracia la palabra no está en la calle sino en las urnas.

Javier Rupérez
Embajador de España

*Este texto forma parte de los informes sobre “Desafección política y sociedad civil” recientemente elaborados por el Circulo Civico de Opinión que preside José Luis García Delgado.
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