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en el caso de que sean forzosas, bastará con haber cotizado 33 años

El Gobierno pone freno a las jubilaciones anticipadas, para las que exige 35 años cotizados

viernes 15 de marzo de 2013, 14:56h
El Gobierno quiere aproximar la edad real de jubilación a la legal y evitar jubilaciones anticipadas. Exigirá cotizar al menos 35 años para la voluntaria y 33 para la forzosa o parcial. El Ejecutivo destaca que complicará con esta norma la discriminación en las empresas por razón de edad. “Que no sean las primeras que tienen que salir cuando hay situaciones de despido”, ha afirmado Fátima Báñez tras el Consejo de Ministros.
Cambios fundamentales para la vida laboral de los mayores de 50 años. El Gobierno ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas que, según la perspectiva desde la que se analice, favorece la continuidad de los trabajadores de mayor edad o endurece el acceso a las jubilaciones anticipadas y parciales. La reforma normativa parte del elevado coste de las pensiones para la Seguridad Social, consecuencia a su vez de la muy elevada tasa de paro que sufre España o, como ha apuntado Soraya Sáenz de Santamaría, por la baja natalidad y la alta esperanza de vida de estos tiempos. La vicepresidenta defiende que estamos ante una acción que “eliminará la discriminación por razón de edad”.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros -sin Mariano Rajoy, que se encontraba en Bruselas-, Fátima Báñez ha ampliado la información sobre el decreto. Ha comenzado con un mensaje que ella entiende debe tranquilizar a los españoles: “El sistema de pensiones es sólido en el tiempo”. Eso sí, ha matizado, “los cambios demográficos están ahí y hay que seguir avanzando; hay que aproximar la edad real de jubilación a la edad legal”. Uno de cada dos españoles, ha continuado, se retiran de forma anticipada. A su juicio, es una “situación anómala del sistema” que urgía corregir. Además, ha destacado como mejora que los veteranos ya no serán objeto de menoscabo: “Que no sean los primeros que tienen que salir cuando hay situaciones de despido”.

Se requerirán 35 años como mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y 33 en el caso de la forzosa y la parcial. En el primer caso, la edad para lograrla se establece en dos años antes de la legal (63 años y un mes para 2013 e incrementándose de forma progresiva hasta 2027); en el segundo, cuatro años antes de la edad legal.

Fuentes del Ministerio de Empleo han precisado que cuando todas estas medidas estén en pleno funcionamiento supondrán un ahorro de más de 5.000 millones de euros para el sistema al año. Además, han concretado que sólo las medidas referidas a la jubilación parcial supondrán un ahorro del 70% del coste al sistema, que actualmente es de unos 2.400 millones anuales. En el caso de la compatibilización de pensión y salario, este impacto superará los 2.000 millones adicionales al año.

Los coeficientes reductores sobre la pensión para aquellos que, cumpliendo los requisitos anteriores, se jubilen anticipadamente de manera voluntaria serán del 8% con hasta 38 años y seis meses cotizados; del 7,5% para quienes hayan cotizado entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses; del 6,8% para los que estén entre 41 años y seis meses cotizados y menos de 44 años y seis meses, y del 6,5% para quienes hayan cotizado igual o más de 44 años y seis meses.

En el caso de la jubilación anticipada forzosa, la norma la establece cuatro años antes de la edad legal, de tal forma que, una vez que entre en vigor, la edad de acceso será en 2013 de 61 años y un mes, y subirá gradualmente año tras año hasta alcanzar los 63 años en 2027.

El periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial pasará de 30 a 33 años y para poder acogerse a esta modalidad se exigirá ser demandante de empleo al menos seis meses de la solicitud, tras un despido colectivo o un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; una resolución judicial conforme a la Ley concursal; fuerza mayor; muerte o jubilación del empresario, y violencia de género.

Los coeficientes reductores que se aplicarán sobre la pensión serán, por cada año de adelanto respecto a la edad legal, del 6% para los que hayan cotizado más de 44,6 años; del 6,5% para entre 41,6 y 44,5 años cotizados; del 7% para entre 38,6 y 41,5 años cotizados, y del 7,5% para 38,5 años cotizados o menos.

Cuota de solidaridad
Una de las novedades del decreto es la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada. Esta opción, que el Gobierno denomina 'pensionista activo', no será posible en el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o tóxicos.

Hasta ahora, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para poder simultanear salario y pensión, se exigirá haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, aunque quedan excluidos aquellos que tengan derecho a la pensión completa.

La persona que opte por esta modalidad cobrará del 50% de la pensión que le corresponda --importe de reconocimiento inicial y de las revalorizaciones sin incluir complementos a mínimos--. Una vez que el contrato acabe y el trabajador decida jubilarse de modo definitivo percibirá el 100% de la pensión más el complemento a mínimo al que tuviera derecho.

En el caso de la cotización, empresa y trabajador-pensionista cotizarán sólo por Incapacidad Temporal (IT) y contingencias profesionales, si bien aportarán una 'cuota de solidaridad' al sistema, no computable para prestaciones, del 8%, de la que el 6% correrá a cargo de la empresa y el 2%, del 'pensionista activo'.

Menos despidos de mayores de 50 años
Por otro lado, el decreto introduce cambios en el capítulo de las aportaciones al Tesoro que tienen que realizar las empresas o grupos de más de 100 trabajadores que incluyan a mayores de 50 años en despidos colectivos.

El cambio consiste en que ahora las aportaciones deberán realizarse exclusivamente cuando exista "discriminación por razón de la edad en los despidos", es decir, en la medida en que "el porcentaje de trabajadores de más de 50 años incluidos en el despido colectivo sea superior al peso de ese colectivo en la plantilla de la empresa".

Asimismo, a partir de ahora, además de las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido colectivo, quedarán incluidas aquellas que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos, dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a esa fecha.
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