Las razones de la delegada del Gobierno

Aunque le ha costado lo suyo, al final Rajoy ha reaccionado y ha encargado al ministro del Interior tomar medidas contra los siniestros escraches, una palabreja que tiene sus orígenes en Argentina, cuando los ciudadanos se manifestaban ante las casas de los responsables de los miles de ciudadanos inocentes asesinados y torturados por la dictadura militar de Videla y compañía. Una buena razón.

Pero España no es una dictadura, si acaso una partitocracia, donde los miembros del Parlamento han sido elegidos por el pueblo soberano y que, con su mayoría absoluta, el PP intenta gobernar, pese a todas las trabas, algunas violentas, que pone la izquierda en su camino, con los sindicatos a la cabeza y el PSOE camuflado, detrás de la pancarta.

Tenía razón la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, cuando advirtió que no se podía consentir que en España en general, y en Madrid en particular, se convocaran una media de diez manifestaciones diarias para protestar por cualquier motivo, en su mayoría, únicamente para convertir la calle en un infierno y desestabilizar al Gobierno. Rajoy no le hizo ni caso.

Pero ahora, las manifestaciones se han lanzando en tromba contra los dirigentes del PP, que son acosados a diario y violentamente por los matones, vándalos que gritan, insultan e intentan agredir a los representantes de ese pueblo soberano que los ha elegido, por mucho que le escueza a la izquierda. Y les acosan en la calle o a las puertas de sus casas, donde vecinos y familias tienen que soportar airados y vociferantes insultos que, al igual que hicieron con el Gobierno de Aznar, les llegan a tachar de asesinos. Hasta el pobre Jorge Vertrynge, camisa azul y palanganero de Fraga, se ha unido a los pandilleros.

Ahora, en fin, la reacción del Gobierno ha sido impedir que se convoquen estas algaradas, al menos, a una distancia de 300 metros de los domicilios, aunque lo más lógico, como también ha dicho la delegada del Gobierno, sería prohibirlas, pues son “manifestaciones” no autorizadas y, por tanto, ilegales. Como es ilegal acosar violentamente a cualquier ciudadano y a su familia a las puertas de su casa o cuando camina por la calle.
Tarde, pero, al fin, el Gobierno ha reaccionado en parte. Y aunque no se atreve a prohibirlas, como debería, esperemos, al menos, que de verdad tome las medidas necesarias y ordene a la Policía dispersar a los violentos, a los totalitarios estalinistas que intentan intimidar a los miembros del PP.

Esperemos que Rajoy no se arrugue con los típicos complejos de la derecha por miedo a ser tachado de fascista. Porque los fascistas, incluso delincuentes por incumplir la ley, son los que no admiten el veredicto de las urnas: los organizadores de los escraches. Pues, conviene recordar, que más del 90 por ciento de los desahucios se produjeron durante el Gobierno de Zapatero. Y nadie movió una pestaña y el entonces presidente, ni una ceja.