Ley y política en el caso Nóos

El auto dictado por la Audiencia de Palma que suspende la comparecencia como imputada de la Infanta Cristina en el caso del Instituto Nóos, se inscribe en la normalidad de los trámites judiciales de quien debe responder ante la ley como cualquier otro ciudadano. El recurso contra la imputación de la Infanta presentado, entre otros, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, estaba sólidamente fundamentado cuando la Audiencia acaba de dictaminar que los indicios incriminatorios contra Doña Cristina son insuficientes.

Desde un punto de vista escrupulosamente legal no caben más especulaciones sobre este auto. El caso Nóos posee, sin embargo, una doble vertiente que rebasa claramente las fronteras del Derecho. El desvío de millones de euros de fondos públicos que afecta a Iñaki Urdagarin ha supuesto un severísimo revés al crédito de la Casa Real, así como la posterior investigación de la segunda hija de Sus Majestades los Reyes ha vuelto a minar la popularidad de la institución monárquica. Estos efectos políticos, muy negativos para la institución y para el conjunto del país, no se pueden ceñir a una respuesta estrictamente legal, sino que deben incluir una reacción política, dentro de la cual un cambio de talante se hace cada día más urgente.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma no descarta una segunda imputación del juez Castro a la Infanta Cristina en el caso de contar con más aclaraciones o pruebas de la Agencia Tributaria sobre un presunto delito fiscal o blanqueo de capitales. En estas circunstancias, una declaración judicial de la Infanta no habría sino necesariamente un contratiempo, sino una oportunidad para mostrar públicamente un cambio de estilo más acorde con las nuevas exigencias de transparencia que la sociedad reclama. Por lo pronto, habría acallado las voces que hablan de un trato de favor, difundidas como en un reguero por las redes sociales y que Izquierda Unida no ha dejado de alentar con el fin de que el rumor arraigue en la opinión pública.

Llegados a este punto, el daño político que el caso Nóos está haciendo a la Monarquía española requiere una respuesta política y actitudes que vayan más allá de un defensa legítima en los tribunales.