Por una ley educativa perdurable

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que abandera el ministro José Ignacio Wert, llegará al Consejo de Ministros entre una gran controversia y tras la agitación de una huelga general en la enseñanza pública. Circunstancias más que previsibles, después de dos años de manifestaciones callejeras en la denominada “marea verde” y con una ley que aborda varios de los intereses creados en la educación española que algunos han querido convertir en tabúes intocables.

Pese al desgaste sufrido a través de descalificaciones personales inadmisibles, hace bien José Ignacio Wert en seguir adelante con una transformación absolutamente legítima. La reforma es totalmente necesaria dado el bajísimo nivel educativo español en proporción a las inversiones realizadas y teniendo en cuenta que los términos de la reorganización pedagógica obedecen a un mandato expresado por una mayoría de españoles en las urnas. En unos tiempos en los que se reprocha a la política -con razón- incumplir las promesas electorales, la ejecución de los compromisos adquiridos la dignifica.

Gran parte de las acusaciones de grueso calibre lanzadas contra la LOMCE: la privatización de la enseñanza pública, su carácter confesional católico, su segregación sexista o su supuesto ataque al bilingüismo en Cataluña, carecen de fundamento si se examinan con un mínimo rigor. Causa sonrojo que el debate parlamentario se haya enconado en torno a estos espejismos políticos, en vez de centrarse en comprobar si técnicamente promociona una subida del listón del mérito y el esfuerzo que se propone como objetivo. Porque el problema real que acucia a la educación española es el bajo rango de sus estándares respecto al nivel de aprendizaje en el resto de países desarrollados de la comunidad internacional. Algo que lastra nuestro futuro.

Las distintas plataformas, organizaciones y partidos que se oponen, destacando el secretario de Formación del PSOE, Rafael Simancas, reclaman ahora “una ley pactada”, cuando en las largas décadas que estuvieron en el poder se caracterizaron por vapulear cualquier pacto educativo. Pese a esa dolorosa inconsecuencia, haría bien el actual Gobierno en incluir las máximas mejoras y acuerdos en el trámite parlamentario de la ley. Siempre que, obviamente, se esté hablando de elevar de manera sustancial la formación de nuestros educandos.

Este país no resiste más discusiones sobre la enseñanza tratada como arma arrojadiza de otras querellas políticas lejanas a la pedagogía. Tampoco aguanta más sistemas educativos tirados por tierra cada vez que cambia el partido gobernante.