La seguridad jurídica vista por un nigeriano

No soy el único que hace la señal de la cruz cuando el avión avanza raudo por la pista de rodadura para despegar.

Tampoco soy el único que se persigna (interiormente) cuando empieza a leer –por supuesto por obligación- uno de los dieciocho Boletines Oficiales que cada día otros editan en España. Algunos, al hacerlo, practican el vudú mientras que otros,simplemente, se aplican un par de Valium en vena. Los de la Comisión Europea han instituido un Servicio Urgente de Vigilancia Normativa Española (SUVNE) que tiene que hacer horas extraordinarias.

Ya comentamos en esta página la machada jurídica del decreto-ley andaluz que ha sido puesto como caso práctico en el primer curso de dieciséis Universidades norteamericanas para estudiar la persistente influencia del marxismo-leninismo en el Derecho continental europeo tras la caída del muro de Berlín.

Los normadores españoles hace tiempo que perdieron la buena reputación por estos lares. Y si no están de acuerdo conmigo les voy a transcribir un párrafo de una novela del Premio Gouncourt, Michel Houellebecq, que lleva por título “El mapa y el territorio”, publicada en 2010, en el que, tras contar que el personaje se había quedado sin blanca, lo explica así: “Además, había comprado unos apartamentos en España a la orilla del mar y van a expropiárselos sin indemnización, debido a una ley de protección del litoral, con efecto retroactivo, una historia de locos”.

El país señalado con el dedo acusador de la inseguridad jurídica no es Nigeria ni siquiera Venezuela o Argentina. El novelista francés se mofa del Derecho español, no es un ejercicio de chauvinismo sino con conocimiento de causa tras tantísimos coscorrones en el ámbito del urbanismo a la carta, de las energías renovables, de las reglas de competencia, del cumplimiento de los plazos o incluso del pago de las deudas líquidas, sin hablar de las interpretaciones contradictorias.

La degradación y el desorden normativo mayúsculos han convertido nuestro ordenamiento jurídico en incontrolable, incluso para los más avezados, incapaces de anticipar cuál será la respuesta o la solución por más que la norma o el precedente parezcan inequívocos. O sea, como en Nigeria, Argentina o Venezuela. Y todo eso, si es que cabe entender que cuente con ordenamiento jurídico un país en el que las sentencias firmes no se ejecutan si no les gustan a una Comunidad Autónoma o a cualquiera de los distintos grupos de “indignados”.

Apostemos decididamente por un nuevo esfuerzo racionalizador para que todos sepan a qué atenerse, que en eso consiste la certeza jurídica.