El prestigio de las instituciones: el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) es una de las instituciones más decisivas de nuestro país en cuanto que tiene como misión ser el intérprete supremo de la Constitución que en 1978 votó la inmensa mayoría de los españoles. En esta misma Carta Magna, en su artículo 161, se recogen las competencias que atañen al alto Tribunal, que posee jurisdicción en todo el territorio nacional. Entre ellas, se encuentran velar por la constitucionalidad de las normas con rango de ley, o intervenir en los conflictos constitucionales entre el Estado central y las Comunidades Autónomas o entre estas. No se entiende, pues, que, como venía siendo habitual en los últimos años, se dilatase el nombramiento de nuevos miembros. Y mucho menos se comprende que los partidos tengan la tentación de politizar nombramientos.

Afortunadamente, en esta ocasión no ha sido así, pues no ha habido retrasos, sino una gran puntualidad. De acuerdo con la Ley Orgánica del TC, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombraron a los cuatro nuevos magistrados que sustituyen a los que han finalizado su mandato. Así, por su parte, el CGPJ ha designado a dos jueces del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares. El Ejecutivo ha nombrado a Enrique López y a Pedro González-Trevijano. El primero es magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y el segundo catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Tampoco se entiende que, sobre todo en unos momentos tan delicados en la valoración ciudadana del tejido institucional, se trate de desacreditar a las instituciones. Los problemas que puedan existir no se solucionan así, sino que, contrariamente, se incrementan. Flaco favor se le hace a la imprescindible recuperación, en beneficio de todos, de ese tejido, desprestigiando a instituciones como el TC con el argumento de que sus miembros son manipulables o poco menos que marionetas en manos del Gobierno. No resulta correcto insistir y poner el acento en la ideología de los elegidos, adscribiéndoles a una corriente y poniéndoles una etiqueta, cuando lo que importa es su capacitación y solvencia profesional. Y, en este caso, indudablemente, son figuras de amplia y sólida trayectoria, que han demostrado su independencia y que no deben su carrera a los políticos. Son profesionales que se deben a sí mismos y es torticero querer verlos como “la voz de su amo”. Asimismo, la suma de las distintas especialidades de cada uno enriquecerá el debate en el alto Tribunal.

El Tribunal Constitucional tiene por delante trascendentales cuestiones que dirimir, como el reto soberanista de Artur Mas, y en ello ha de poner todo su empeño y responsabilidad, sin distracciones. Y hacerlo de manera diligente, eliminando esa tardanza en los pronunciamientos que hasta ahora ha sido habitual.