Voting Rights Act: ¿misión cumplida?

En los días pasados conocíamos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado inconstitucional la Ley de Inmigración de Arizona, al considerar contraria a la Constitución la exigencia de presentación del certificado de nacionalidad prevista por la legislación del Estado integrante del Sun Belt –concretamente, por establecer requisitos más duros que los señalados en la legislación federal. Junio es un mes tradicionalmente activo en la Corte Suprema de Washington y en pocas fechas el Alto Tribunal fallará también sobre otra Ley, la Voting Rights Act, aún más trascendente que la ley de Arizona.

Imitando los escritos jurídicos, ha de comenzarse por el relato de los hechos. La Voting Rights Act de 1965 fue la respuesta del poder federal a la odiosa situación de discriminación racial que se producía en muchos Estados del Sur, quienes, eludiendo lo establecido en las XIV y XV Enmiendas de la Constitución federal, habían aprobado desde el final de la Guerra Civil (principalmente a partir de la década de 1890) leyes electorales tendentes a impedir –o cuando menos a dificultar- el voto de la colectividad afroamericana –mediante la implantación de condicionantes del voto como tests de alfabetización o lectura o el pago de tributos. Tales leyes son conocidas con el nombre de Jim Crow laws, constituyendo uno de los capítulos más oscuros y vergonzantes de la historia de Estados Unidos. Todo ello en un contexto de segregación que sólo comenzaría a cambiar cuando Rosa Parks decidió contrariar las órdenes del chofer de un autobús de Montgomery (Alabama) y no ceder a un blanco el asiento que ocupaba, comenzando la fase decisiva de la lucha por los derechos civiles de la minoría negra. En esa lucha las autoridades federales hubieron de emplear toda su determinación y todo su arsenal jurídico, e incluso su fuerza coactiva, para vencer las serias resistencias de algunos Estados sureños. Destaca al respecto la actitud del Presidente Eisenhower a propósito de los sucesos de Little Rock, en los que “llama a capítulo” al gobernador de Arkansas, recalcitrante a la hora de cumplir las leyes y sentencias de los tribunales, llegando incluso a ordenar el antiguo General el despliegue durante varios meses de la 101 División Aerotransportada –hecho inusitado en la historia de Norteamérica- a las puertas de la Universidad para garantizar que nueve estudiantes negros pudieran asistir a las clases.

La Voting Rights Acts fue impulsada por el Presidente Lyndon B. Johnson siendo aprobada en 1965 por una mayoría aplastante de ambas Cámaras (77-19 en el Senado y 332-85 en la Cámara de Representantes. Entre otros aspectos, la referida Ley establece en su sección 5ª el sometimiento a la previa aprobación federal (preclearance) de cualquier reforma electoral que pretendan aprobar una serie de Estados -o partes de los mismos. En esos casos es necesaria la previa autorización, bien del Departamento federal de Justicia, o bien de un panel formado por tres jueces del Tribunal federal de Distrito de Columbia, debiendo demostrar los proponentes que las modificaciones pretendidas no tienen por objeto o pudieran conllevar efectos discriminatorios basados en raza, color o idioma. Como se ha indicado, la Ley establece una lista de Estados sujetos a esa previa autorización federal, en principio, aquellos en los que en 1964 estuvieran registrados como votantes menos del 50% del censo electoral, así como otros territorios con largos historiales de prácticas electorales discriminatorias. En concreto, la Ley señala nominativamente a nueve Estados, ocho de los cuales corresponden al Viejo Sur (el noveno es Alaska) así como a determinados condados de otras partes de Estados unidos.

Ciertamente, desde un estricto punto de vista jurídico, la Ley de 1965 llama la atención en cuanto que materialmente supuso una modificación no menor del ordenamiento constitucional estadounidense en lo concerniente a la relación Poder federal-Estados, sometiendo a una suerte de “tutela” federal a algunos estos últimos, si bien con el objetivo de asegurar la plena efectividad de lo establecido en las enmiendas XIV y XV del texto constitucional, dadas las circunstancias anteriormente referidas. La constitucionalidad de la Ley fue confirmada por la Corte Suprema en cuanto tuvo ocasión de pronunciarse sobre la misma, poco tiempo después de su aprobación (South Carolina contra Katzenbach, 1966).

La Voting Rights Act tenía inicialmente un plazo de vigencia de cinco años, aunque desde entonces ha sido objeto de diversas prórrogas cuya duración ha ido creciendo con el tiempo (1970, 1975, 1982 y 2006). La última de ellas, en 2006, que prolongó la vigencia de la Ley otros 25 años, contó con un amplio respaldo tanto en el Senado (98-0) como en la Cámara Baja (390-33).

Fue precisamente a raíz de la firma por el Presidente Bush de la última de las prórrogas mencionadas cuando el condado de Shelby, en el Estado de Alabama, planteó judicialmente la controversia a la que el Tribunal Supremo otorgó el certiorari, estando pendiente el fallo por el mismo, esperado para la próxima semana. La demanda impugna la constitucionalidad de la prórroga de la célebre sección 5ª, en concreto de su listado, al considerar que la inclusión ope legis o automática de una serie de Estados en una suerte de lista de “sospechosos”, además de atentar contra la autonomía –e incluso la dignidad- de los mismos, no se corresponde con las circunstancias actuales. En la demanda se señala que seguir considerando imperantes en algunos Estados- en particular del Sur- las mismas circunstancias de discriminación presentes hace cincuenta años no se ajusta a los esfuerzos y avances conseguidos en ese tiempo y, por tanto, a la realidad actual.

El pasado mes de febrero tuvo lugar la vista oral ante el Tribunal Supremo. Además de las referidas alegaciones de los demandantes –a los que se han sumado otros Estados incluidos en la sección 5ª- se expusieron los argumentos del Gobierno y de asociaciones de derechos civiles contrarios a la estimación de la demanda, sosteniendo que queda camino por recorrer en la lucha contra la discriminación electoral y que si precisamente en los Estados sureños se ha avanzado en aquélla es en buena parte gracias a la Voting Rights Act. De otro lado, en la referida vista oral fueron muy ilustrativas las preguntas realizadas por los jueces de la Corte Suprema. Conviene aclarar que las vistas orales y públicas son habituales en el Tribunal Supremo estadounidense, caracterizándose por ser muy dinámicas, pudiendo los jueces interrumpir las exposiciones de las partes e incluso expresar su opinión personal sobre las cuestiones planteadas, algo que contrasta de manera evidente, por ejemplo, con el procedimiento ante nuestro Tribunal Constitucional. De las preguntas y exposiciones de los jueces los expertos en la Corte Suprema han podido vaticinar que una vez más el voto decisivo será el del juez Anthony Kennedy, cuya posición no ha sido desvelada de forma clara, aunque en los últimos días se ha extendido la opinión que pronostica que se inclinará en favor de la anulación de la sección 5ª en su redacción actual, apoyándose en sus preguntas durante la vista así como por lo apuntado en los últimos años por el Tribunal en cuestiones conexas (especialmente en determinadas argumentaciones de Northwest Austin Municipal Utility District No.1 contra Holder, 2009), todo ello sin obviar que el ponente de la sentencia será el Chief Justice Roberts, partidario en principio de la anulación. El propio Roberts, en sus preguntas en la vista oral, expresó buena parte de lo que bien pudiera constituir la fundamentación de la sentencia, al recordar que –frente a lo que pudiera pensarse apriorísticamente- el peor ratio de participación electoral entre población blanca y afroamericana se produce en la actualidad en Massachussets, mientras que Mississipi (incluido en la sección 5ª, a diferencia del anterior) es el Estado en donde es mayor el porcentaje de participación de los afroamericanos en relación al de la población blanca. Su posición, junto con lo expresado por otros jueces como Scalia o Alito, parece ser contraria a la enumeración de Estados contenida en la sección 5ª, que únicamente sería admisible si se aplicara a todo el territorio de la Unión.

En cualquier caso, y al margen del veredicto final, cabe destacar dos aspectos al hilo del caso analizado. En primer término, cómo las heridas del enfrentamiento Norte-Sur y del pasado apartheid de la minoría negra han tardado en cicatrizar en la actual hiperpotencia mundial. En este sentido, la demanda de Alabama responde al deseo de dejar atrás definitivamente el pasado, normalizando de una vez y para siempre al Viejo Sur mediante su equiparación con cualquier otra parte del país. Y en segundo lugar, ha de señalarse que el caso es una muestra más de cómo en Estados Unidos se impulsa y se acepta la juridificación de las controversias políticas, sea entre partidos, sea –como en esta ocasión- entre Estados y poder central. Cuando el Derecho habla la política calla.