La unidad del mercado

El gobierno ha cumplido con una de sus promesas más importantes, y más publicitadas, la Ley de Unidad de Mercado. Está concebida para eliminar algunas de las barreras artificales que crean las Comunidades Autónomas. Se dan situaciones de todos conocidas como que un arquitecto que tiene licencia en una región no puede trabajar igual en otra, o que las empresas tienen que diseñar el producto de distinta manera en función de la comunidad a la que quiera vender, y todos los agentes que salgan de la pequeña España en la que vivan se ven forzados a incurrir en gastos y esfuerzos que erosionan la satisfacción del consumidor y que nos hacen a todos más pobres.

Así expresados los problemas que crea la capacidad de las Comunidades Autónomas de crear problemas a los ciudadanos, parecen carentes de toda lógica. Pero es la lógica de la política, el afán de incrementar rentas de poder, la que lleva a intentar ahormar el comportamiento de los ciudadanos a sus propios criterios, con desconocimiento de sus verdaderas necesidades.

Las medidas que incluye la Ley de Unidad de Mercado son razonables. Si una región le ha otorgado una licencia a una empresa, no hay razón para que otra la rechace. Se parte del principio de protección suficiente: Si la región lo ofrece en su territorio, no tiene porqué ser inválido en otro. Las Comunidades han reaccionado con una armonía y unanimidad digna de mejor causa. Alegan diversas consideraciones, pero se pueden resumir en que la ley invade sus competencias. Podría ser cierto que tuviesen razón. Pero entonces, lo que habría que replantearse no es la ley propuesta por el Gobierno, sino el alcance de dichas competencias.

Por añadidura, el Gobierno ha tardado mucho, demasiado, en darle la aprobación definitiva a este texto. Lo ha hecho, por un lado, para utilizarlo de moneda de cambio político con diversos gobiernos autonómicos. Por otro lado, la ley también ha sufrido retrasos por causas aún menos justificables, y que hacen referencia a las diferencias entre las familias del Partido Popular. La ley, por último, tiene el indeleble marchamo del gobierno de Mariano Rajoy: Está bien encaminada, pero resulta insuficiente y llega un poco tarde.