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anticorrupción pide que álvarez declare

La Junta pagará la defensa de los altos cargos imputados en los ERE

martes 09 de julio de 2013, 14:24h
Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que han sido imputados por la juez Alaya en el caso de los ERE fraudulentos.
La Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los ERE.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y ha aclarado que sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos.

Vázquez ha explicado que se aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una causa judicial, y ha apuntado que desconoce si hay un límite en la cuantía que la Junta paga por esos servicios.

También ha señalado que la Junta de Andalucía no va a recurrir el auto de la juez porque "quiere andar con pies de plomo" en este asunto y ha asegurado que "no hay motivos" para imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Ha defendido el derecho de la administración autonómica a "hacer públicas sus discrepancias" con el auto, el cual -ha reiterado- es "perfectamente recurrible y señala a personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía".

Además, ha censurado que el auto "parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal" y tiene "cierta inconsistencia apuntada por importantes juristas".

Vázquez ha criticado que los imputados señalados en el auto judicial de Alaya no hayan recibido hasta el momento notificación oficial del juzgado.

Magdalena Álvarez
Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Alaya que fije un "calendario razonable" para las declaraciones de los 20 cargos y ex altos cargos que fueron imputados en su último auto, entre los que se encuentra la ex consejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

En un escrito elevado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pone de manifiesto que "la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución, exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas", de forma "que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan".

Además de a Magdalena Álvarez, la juez ha imputado en la causa al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.

La Fiscalía recuerda que esta petición para que la juez fije ya un calendario de declaraciones la ha realizado en "reiteradas" ocasiones, no obstante lo cual reconoce "la complejidad y extensión" de la presente causa, por lo que también reitera su petición para que el Juzgado requiera ante los órganos competentes "la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la presente causa y que puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias" que ya han sido acordadadas y también a las que se solicitan.

De igual modo, reitera su petición para que, "atendiendo a la complejidad de la causa en sí", se cuente en la misma con el auxilio jurisdiccional de expertos en materia de gestión económica , financiera y contable del sector público, una función que "pudiese ser desempeñada de forma idónea por auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía si su régimen de incompatibilidades lo permitiese" o bien por interventores de la Administración General del Estado.

El objeto de esta pericial, según Anticorrupción, "viene dado por la necesidad de contar con un informe relativo a la gestión financiera, económica y contable de los fondos públicos aplicados" en los convenios suscritos entre el IFA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía desde el ejercicio 2001, fecha del convenio marco.

En concreto, considera que la pericial debe determinar el "quebranto producido en fondos públicos de la Junta de Andalucía con determinación de las personas o entidades que habrían de proceder al reintegro de las cantidades recibidas".

La Fiscalía recuerda que, mediante un auto dictado el 7 de junio de 2011, la juez Alaya rechazó la práctica de dicha pericial por entender que, "aún estimando pertinente y necesaria la práctica de la misma, el hacerlo en aquel momento resultaba precipitado", siendo posteriormente designados como peritos técnicos de la Intervención General del Estado.

Asimismo, reitera su petición para que se oficie a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General de Estado "para que informen sobre la situación de las investigaciones encomendadas por auxilio jurisdiccional en esta materia , aportando en su caso los informes elaborados a la fecha sobre las mismas".

Por último, la Fiscalía pide que declaren ante la juez Alaya el jefe del equipo, los auditores y los técnicos de auditoría integrantes del equipo técnico de la Cámara de Cuentas, con el objeto de "ratificar, aclarar o ampliar la documentación obrante en autos en relación a los trabajos de fiscalización realizados".

El Ministerio Público entiende que, a raíz de las imputaciones de los 20 cargos o ex altos cargos de la Junta, las diligencias ya interesadas "adquieren si cabe una mayor relevancia para este Ministerio Público", que por ello se reitera su petición en los términos ya recogidos.
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