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El Consejo Nacional de la Transición y la Constitución

Juan José Solozábal
martes 16 de julio de 2013, 20:27h
Leo en el periódico que el Consejo Nacional de la Transición está pensando en sugerir al Gobierno catalán la posibilidad de que se recurra al artículo 150.2 de la Constitución, para que por un procedimiento de algún modo semejante al que se ha utilizado en el Reino Unido, se delegue en la Generalitat la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Bueno, esto es algo mejor que el propósito anunciado del President de convocar un referéndum por las bravas, diga que diga la ley o el Tribunal, pero, si se me permite argumentar desde la razón del derecho en estos tiempos de desbordamientos constitucionales ( de situación insurreccional ha hablado en un artículo impecable el historiador Joaquim Coll en El Pais) tampoco parece especialmente viable.

Me llama la atención la fe que en determinados sectores se tiene en las virtudes taumatúrgicas del artículo 152.2 de la Constitución, que para algunos operaría como auténtico bálsamo de Fierabrás. Sin duda esta actitud se apoya en el propio tenor literal, bastante equívoco, (el redactado o dicción a que a veces aluden algunos constitucionalistas catalanes) del precepto que, como saben, se refiere a la posibilidad de que el Estado ceda el ejercicio de algunas competencias a favor de las Comunidades Autónomas mediante una ley orgánica de delegación o transferencia. Pero la equivocidad de la Constitución no empece a su obligatoriedad, de modo que, aunque abierta en su significado, la Norma Fundamental sigue siendo vinculante, ni finalmente a su clarificación, a través de la correspondiente interpretación. De manera que los enunciados constitucionales tienen un significado, gracias al cual exigen su observancia o cumplimiento. Esto es, las disposiciones constitucionales, a pesar de su apertura no significan cualquier cosa o pueden entenderse libremente, incluso arbitrariamente. Interpretar normalmente quiere decir, antes de nada, quitar, esto es, excluir aquellas opciones en la comprensión de la norma que manifiestamente no caben, de las que ha de prescindirse en razón de consideraciones concretas, determinadas por el propio enunciado del precepto, o por razones sistemáticas, situando al objeto de la interpretación en el contexto del conjunto normativo en que se halla, esto es, toda la Constitución.

De este modo en el caso del artículo 150.2 CE algunos nos opusimos desde un principio al solapamiento de este precepto con el Estatuto de Autonomía, de manera que se aceptase la tesis de que puesto que el Estatuto de Autonomía es asimismo una ley orgánica, pudiesen hacerse por vía estatutaria la transferencia o delegación de competencias a que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución. Entre otras razones por una muy simple, que el Estatuto determina las competencias de la Comunidad Autónoma y la ley se refiere a competencias que son del Estado. Ocurría asimismo que las competencias incorporadas en el Estatuto no serían ya exclusivamente dependientes , por ejemplo, para su recuperación por el Estado, de la decisión única del titular originario de las mismas, toda vez que la reforma del Estatuto, que se necesitaría llevar a cabo para recobrar las competencias, requeriría del acuerdo del Estado y la Comunidad Autónoma en cuestión.

Sin duda una interpretación correcta del artículo 150.2 CE no puede obviar que, a su través, las transferencias o delegaciones que se pueden llevar a cabo son necesariamente limitadas, porque, como es obvio, el Estado no puede delegar o transferir competencias que no tiene. Así de sencillo. Como el Estado no es competente para convocar un referéndum territorial vinculante, que es en lo que están pensando los nacionalistas, calificando, por cierto correctamente el tipo de referéndum que quieren convocar, esto es, un referéndum en serio, como lo son los de Escocia y Canadá, no cabe delegación o transferencia alguna. Pues no se puede ceder aquello que no se tiene.

Es mas, aun en el caso de que se admitiera que el Estado, en la actual situación constitucional, dispone de la facultad de convocar un referéndum de soberanía, que en la cuestión de la autodeterminación, como acabo de señalar, a mi juicio es el único que cabe, pues una consulta sobre la soberanía es un referéndum de soberanía, aunque se plantee formalmente como referéndum consultivo, no cabría la delegación o transferencia de la competencia estatal, pues el precepto que contempla la delegación y transferencia de las competencias estatales, limita los supuestos de las mismas a que sean “por su propia naturaleza” transferibles o delegables. Si hay una delegación impropia por naturaleza, tiene que ser la de soberanía, que por definición constitucional corresponde al Estado y no a las Comunidades Autónomas, y de la que un desprendimiento por cualquier medio, incluyendo el artículo 150.2, según su propio tenor, debe considerarse imposible y anticonstitucional.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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