La CEOE se queja, y con razón, de que la inflación legislativa les supone un enorme coste económico. Es uno de los problemas más graves y complejos de los que tenemos que abordar.
Según las cuentas hechas por la CEOE y recogidas en el informe
Las reformas necesarias para salir de la crisis, el año pasado se aprobaron en España 13.157 leyes distintas. Eso quiere decir que cada día se aprueban 36 nuevas leyes, más leyes que horas tiene el día, de modo que se aprueba una nueva ley cada 40 minutos.
Esta inflación legislativa tiene, también, otras cifras apabullantes. Pues no es ya el número de nuevas leyes por hora, sino el tamaño y la complejidad que tienen. En 2012 se sumaron al tsunami de legislación 151.133 páginas del BOE más 715.009 folios en diarios y boletines oficiales autonómicos. Si nos quedamos sólo con las páginas del BOE, son 1,75 hojas de legislación al segundo, día y noche, sin parar.
Las consecuencias de esta inflación legislativa son fácilmente imaginables. Por un lado obligan a las empresas a estudiar los cambios legislativos. Por otro, les obliga a adaptarse a ellos, con nuevos derroches de recursos, tiempo y dinero. En tercer lugar, ni siquiera la buena fe les asegura que no vayan a haberse saltado alguna norma. Por otro lado, y vamos ya por el cuarto efecto, las normas crean nuevos incentivos, que son distintos de los del mercado, y mientras que estos llevan a un mejor cumplimiento de los deseos de los consumidores, de forma más barata, los nuevos incentivos los retuercen y llevan a comportamientos antieconómicos.
Vamos con el quinto, porque el hecho de que se aprueben nuevas normas con tanta facilidad quiere decir que las que están en vigor pueden cambiar en cualquier momento y casi en cualquier dirección imaginable; en estas condiciones se desincentiva en gran medida la inversión a largo plazo. Por último, estas leyes tienen que hacerse cumplir, por lo que es necesaria una legión de funcionarios públicos, con todos los recursos que les acompañan, para realizar esa labor.
Bruno Leoni, en su seminal obra La libertad y la ley, explica que el derecho positivo otorga una falsa sensación de seguridad jurídica, con sus normas escritas, selladas y firmadas. Falsa precisamente por lo que acabamos de decir: puede cambiar en cualquier momento. Por el contrario, el derecho consuetudinario sólo cambia… con la costumbre. De modo que es previsible, sólo cambia (evoluciona) lentamente, y lo hace con las prácticas y usos que van prevaleciendo, y lo hacen porque son más adecuadas que las anteriores.
Según la CEOE, el coste del tsunami legislativo es equivalente a un uno por ciento del PIB cada año. Pide que se reduzca a la mitad hasta 2016, lo cual cree que le otorgaría a nuestra economía dos puntos porcentuales del PIB, más un crecimiento a largo plazo del 4,5 por ciento.