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La contabilidad del PP ante el juez

jueves 15 de agosto de 2013, 00:47h
La corrupción que crispa con toda justicia a la ciudadanía no es una maldición bíblica ni una herencia genética del español, ni una tara imbatible propia de la naturaleza española. Los casos de corrupción que copan nuestros medios de comunicación tienen un origen definido y una curación clara. Su punto de partida está relacionado fundamentalmente con la actual financiación de los partidos políticos y las centrales sindicales, lo que ha generado un descomunal tráfico de dinero opaco e ilícito entre empresas privadas, adjudicación de terrenos y obras de las más diversas administraciones y el consiguiente acopio financiero de sindicatos y formaciones políticas donde los mejor colocados y con menos escrúpulos han engrosado su fortuna. Es importante recalcar que el resto de la sociedad civil así como su administración pública no está inmersa en una corrupción generalizada y su comportamiento se guía por parámetros éticos mayoritariamente sanos. España es un país honrado y la vida diaria de la inmensa mayoría de los españoles cae fuera de los circuitos de la corrupción. En la financiación viciada de organizaciones sindicales y partidos es donde encontramos el foco central de la corrupción que puede afrontarse y solventarse con unos mínimos criterios de racionalidad.

En relación con este problema, crucial hoy en la política española, cobran especial relevancia las declaraciones llevadas a cabo en sede judicial y en calidad de testigos por los exsecretarios generales del PP, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, y su actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, a propósito de la opaca e inquietante fortuna amasada por el extesorero del partido, Luis Bárcenas. Por si cabía alguna duda sobre los posibles efectos de las disensiones vividas dentro de la formación –con Álvarez-Cascos como principal protagonista-, ha podido comprobarse que todos ellos han cerrado filas disciplinadamente en torno a la financiación de su partido y a la solemne comparecencia realizada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 1 de agosto en el Parlamento. Otra cosa habría significado la caída del actual Ejecutivo y una crisis de impredecibles consecuencias. A favor de las declaraciones de los altos dirigentes del PP obra el hecho de que un personaje como Luis Bárcenas, impulsado por la defensa de su inconcebible fortuna y con fines de chantaje a las instituciones, con toda seguridad ha ofrecido a la opinión pública y a la propia Justicia información manipulada, silencios estratégicos, contradicciones e incoherencias o directamente mentiras orientadas a la coacción y la salvaguarda de su más que sospechoso patrimonio.
Sin embargo, las declaraciones de los altos cargos del PP no han despejado con claridad las responsabilidades políticas que se derivan del caso. Los tres se han limitado a negar la existencia de una supuesta contabilidad B, así como el cobro de cualquier cantidad de manera irregular. En cambio, el sustituto de Bárcenas, Cristóbal Páez reconoció dos pagos en B de 6.000 euros cada uno que aparecen en los famosos “papeles” del extesorero. Asimismo, por otro lado, tanto Álvarez-Cascos como Arenas y Cospedal han señalado que los secretarios generales no tenían control sobre las donaciones al partido, lo que resulta cuando menos un tanto chocante, sobre todo teniendo en cuenta las cantidades que se barajan. Unido esto a numerosos silencios y omisiones amparadas en las fórmulas de “no recuerdo” o “no me consta”, el asunto último de la financiación no queda aclarado ni ofrece una sólida fiabilidad con vistas a futuras investigaciones.

En este punto, el Partido Popular no debería dilatar artificiosamente la resolución de este gravísimo problema relegándolo a una remota sentencia judicial. Ésta determinará en su momento la culpabilidad o no de Luis Bárcenas –hoy en prisión en Soto del Real- en la obtención de las donaciones y su posterior gestión. Pero es perentorio que tanto el Partido Popular como el Gobierno den cuanto antes una respuesta política pronta y efectiva.

La Ley de Financiación de los Partidos ha sido de por sí un engendro moldeado por los intereses y carente de una elemental racionalidad, lo que en su base proporciona la oportunidad para que prosperen figuras tipo Luis Bárcenas. Y proverbialmente sabemos que quien crea la ocasión crea al ladrón. Los dirigentes del PP deben explicar con detalle y de forma creíble lo sucedido en ese campo irregular abierto por las propias deficiencias de la Ley de Financiación. Los demás partidos con larga trayectoria en la gestión del poder, también. Así como los sindicatos, a quienes afecta por igual. Sería la forma más lógica de dar un primer paso hacia otro modelo de financiación trasparente y racional.

Otra cosa conducirá a una exasperación de carácter explosivo entre la ciudadanía. Ante todo, porque la vida y la moral de ésta no se desenvuelve en ninguna corrupción que le haga comulgar con ruedas de molino. También porque la falta de asunción de responsabilidades políticas personales ocasionaría a medio plazo una quiebra institucional.
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