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El reto de una financiación racional de los partidos

lunes 26 de agosto de 2013, 07:46h
Tras el paréntesis vacacional, hoy se abre el nuevo curso político. El presidente del Gobierno y todos los ministros se reincorporan a sus despachos con la mirada puesta en los muchos retos a los que nuestro país debe enfrentarse sin demora. No son pocos los frentes que Mariano Rajoy y su ejecutivo tienen abiertos. Sin duda, se espera con impaciencia que los leves signos de reactivación económica se consoliden y que el nivel del paro, que tan duramente está golpeando a la sociedad española, disminuya cuanto antes. Asimismo, el cariz que pueda tomar el desafío soberanista de Artur Mas y la manera de abordarlo deberá ocupar un lugar prioritario en la agenda gubernamental. Muy cercana está la Diada, que se celebra el próximo 11 de septiembre, y para la que la Generalidad se está preparando a fondo; eso, si: con el de todos los ciudadanos .

Ahora bien, no es menor, sino todo lo contrario, el reto de recuperar la confianza de los ciudadanos en la clase política. Los españoles han asistido atónitos e indignados a un rosario de escándalos de corrupción, a los que no se escapa prácticamente ningún partido. Por ello, todos habrían de tomarse muy en serio este asunto, que afecta con enorme gravedad al corazón mismo de las instituciones y de la propia democracia. En esta situación, hay un elemento clave: el actual sistema de financiación de los partidos, una invitación a la corrupción y al latrocinio.

Está prevista, en un próximo Consejo de Ministros, la aprobación de un proyecto de ley de reforma del Código Penal, que contempla varias medidas contra la corrupción política, como, por ejemplo, el endurecimiento del cohecho. Por otro lado, parece ser que Rajoy tiene la intención de negociar con el PSOE y la oposición en su conjunto el tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos. Con independencia de esta posibilidad, que se antoja insuficiente, quizá resultarían más efectivas medidas encaminadas a algo tan elemental como que las formaciones políticas redujeran sus gastos y adecuaran éstos a los ingresos –es decir, que no se gaste más de lo que se ingresa- como hace, o debe hacer, cualquier economía tanto doméstica como a nivel de país, si no se quiere caer en situaciones de deuda insoportable que suele saldarse acudiendo a procedimientos irregulares.

Si partidos, y también sindicatos, habilitaran todo para no necesitar una financiación millonaria, se eliminarían tentaciones que desembocan en el más que lamentable espectáculo de nutridas cuentas en paraísos fiscales y un hiriente paisaje de corrupción. La contabilidad de los partidos –y no solo esas supuestas contabilidades B, sino también las A- no puede continuar siendo tan opaca, desequilibrada e incontrolada. Lo primero que se necesita es un mínimo de racionalidad y transparencia. El mejor camino no es tanto penalizar la corrupción –que también- como eliminar la oportunidad de la misma con buena ley de financiación de partidos.
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