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El Gobierno ante el nuevo curso político

miércoles 28 de agosto de 2013, 00:39h
Comienza el nuevo curso político tras el corto paréntesis estival con el retorno de los principales líderes a sus despachos y la perentoria obligación de afrontar una agenda que no admite dilaciones. La prudente falta de declaraciones del jefe del Gobierno durante estas vacaciones de agosto ha servido de excusa para que la propaganda de la oposición haya continuado su campaña de descalificaciones personales contra Mariano Rajoy atribuyéndole un carácter indolente y pasivo. Rajoy tiene ahora la oportunidad de responder con hechos a esa campaña de descrédito. En primer lugar, impulsando con mayor energía las reformas económicas iniciadas en la actual legislatura. Es cierto que han sido importantes, pero no son suficientes ni todo lo radicales que se precisan. La reacción positiva de casi todos los indicadores de nuestra economía confirma que las transformaciones diseñadas por el Ejecutivo están trazadas en la dirección correcta. Sería un error dejarse intimidar por el activismo callejero o paralizarse en una actitud de autocomplacencia. Se requiere perseverar en las líneas marcadas y acometer sin complejos retos pendientes –como la reordenación administrativa que evite duplicidades-, pensando en su efectividad a medio plazo. Se ha afrontado el pavoroso problema del déficit, pero, sobre todo, incrementando impuestos. Es hora de reducir drásticamente el gasto público, empezando por la administración del estado central y siguiendo por el autonómico: no es de recibo dilapidar recursos en televisiones públicas y en empresas deficitarias.

Es urgente recuperar la iniciativa en cuestiones ineludibles en el próximo otoño. Los escándalos de corrupción no admiten ni pueden esperar a una simple respuesta judicial. El Presidente está obligado a tomar las riendas en su propia casa, el Partido Popular, ante los presuntos métodos de financiación irregular y a partir de ahí articular normas de absoluta transparencia en todas las organizaciones e instituciones donde llegue dinero público. Detener la gangrena en este ámbito es perentorio si no se quiere que el deterioro de la confianza en el propio sistema se vuelva irreversible.

Tampoco puede dejarse solo en manos de los tribunales asuntos como la política antiterrorista o el desafío secesionista de la Generalidad catalana. La secesión, que cobrará un nuevo impulso en la próxima Diada, choca frontalmente con la legalidad, pero no debería tratarse como un mero problema jurídico. Se echa en falta una acción política mucho más decidida que se adelante a los previsibles pasos que van a dar las fuerzas secesionistas. De igual modo, las asociaciones de víctimas del terrorismo precisan mayor atención en sus justas reclamaciones, modificando la actual actitud timorata e irresoluta ante los presos etarras y las organizaciones y voceros que les enaltecen y apoyan.

No son pocos los asuntos a los que el presidente Mariano Rajoy puede responder con acciones políticas a toda la propaganda que intenta presentarlo ante la opinión pública como calculadamente apático. El curso político que ahora empieza se muestra decisivo para el futuro de España y reclama una redoblada energía y mayor prontitud en la toma de decisiones.
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