Atajar la corrupción más allá del ámbito penal

La lacra de la corrupción se ha instalado en España de una manera desatada. Ante ello mucho estaba tardando el Gobierno en reaccionar, pues es una cuestión que incide gravemente en la credibilidad de las instituciones y del propio sistema democrático. Prácticamente ningún partido ha sido ajeno a esta lacra, asistiendo los ciudadanos a una serie de escándalos, a cuál más hiriente. Ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha tomado cartas en el asunto y el Consejo de ministros de esta semana ha dado paso a un Plan de regeneración democrática donde se incluyen 40 medidas -algunas ya anunciadas el pasado febrero en el Debate sobre el estado de la Nación- que afectarán a varias leyes. El presidente del Gobierno tiene la intención de pactar dicho Plan con la oposición.

Entre las iniciativas, se contempla el máximo control de los gastos de representación de los altos cargos -se prohíbe el empleo de las tarjetas de crédito de los ministerios-, y se revisará su patrimonio al dejar el puesto con el fin de detectar señales de enriquecimiento rápido e injustificado. Asimismo, se pondrá en marcha que los tesoreros de los partidos tengan que comparecer una vez al año en el Parlamento y que las formaciones políticas reflejen todas las donaciones o subvenciones que superen el límite. También parece ser que especialmente el Ejecutivo quiere acordar con la oposición que se tipifique como delito la financiación ilegal de los partidos.

Sin duda, es en la actual manera de financiación de los partidos -y de los sindicatos- y en sus cuentas donde radica el principal foco generador de corrupción. De ahí que las actuaciones deben ir en varios frentes. Más allá del ámbito penal, son imprescindibles medidas encaminadas a algo tan básico como que las formaciones políticas disminuyan sus cuantiosos gastos y los equilibren con los ingresos, como es de cajón hacer en cualquier economía doméstica o colectiva para no caer en situaciones ruinosas y entrar en una espiral muy delicada.

Partidos y sindicatos tendrían que disponer todo de forma que no necesitaran una financiación millonaria, con lo que habría muchas menos tentaciones que llevan al penoso espectáculo de abultadas cuentas en paraísos fiscales y a un indignante paisaje de corrupción. El descontrol, la opacidad y el absoluto desequilibrio no pueden continuar siendo moneda corriente en las cuentas de los partidos. Antes que nada la racionalidad y la transparencia deben imponerse en sus finanzas.