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El mito Federal

Alejandro Muñoz-Alonso
lunes 07 de octubre de 2013, 20:00h
Resulta difícil entender por qué el PSOE -sumido en esa deriva política, ideológica e intelectual que nadie sabe dónde le va a llevar- se empeña en aferrarse a la idea federal como solución para todos los problemas de España. Al menos eso se deduce del documento aprobado el pasado mes de julio en Granada por su Consejo Territorial y que es un texto lleno de contradicciones, de afirmaciones gratuitas y plagado de inconsecuencias. No se entiende muy bien, por ejemplo, cómo tras insistir en que “el modelo autonómico español ha sido un éxito” y subrayar que tenemos “un Estado de claro corte federal porque se ha desarrollado de manera creciente desde los principios del federalismo”, dedique tres largas páginas a describir los problemas actuales del modelo autonómico, para acabar proponiendo una reforma constitucional sobre la base de que “el federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial”. ¿En qué quedamos, somos federales o no lo somos? A lo mejor se trata simplemente de una cuestión de nombres y es que la palabra federal “les pone”. Aunque todo hace pensar que detrás de la palabra hay planes no del todo expuestos.
No cuesta mucho trabajo llegar a la conclusión de que lo único que pretenden los socialistas es resolver ese problema que suele enunciarse como el encaje de Cataluña en España y que empieza en su propia casa. Si esa es su intención, creo que se puede llegar a la conclusión de que con sus recetas no sólo no resolvería ese supuesto problema sino que lo agravarían aún más. Es, en efecto, de una apabullante ingenuidad estimar que en el modelo federal está la clave para resolver ese supuesto problema, al que la Constitución de 1978 había dado la solución más generosa y flexible que pudiera imaginarse. Salvo, claro está, para el nacionalismo radical cuyas aspiraciones separatistas no han sido nunca un secreto, aunque un tiempo hubo en que las disimulaban muy hábilmente.

El PSOE trata de acercarse a los nacionalistas, hasta el punto de que se hace él también nacionalista, como muestra la confusa actitud del PSC y como delatan afirmaciones del texto citado como la que da cuenta de “la decepción sobre el desenlace de la reforma estatutaria y las dificultades del modelo autonómico actual para integrar las singularidades culturales, simbólicas o nacionales” o la que, como argumento a favor del federalismo, estima que en esta fórmula “se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar, e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España” (La cursiva es nuestra). Solo les falta la afirmación a favor del carácter plurinacional del Estado, usual en los nacionalistas, pero que no se sostiene con lo que ha sido la tradición socialista ni, menos aún, con la Constitución vigente en la mano. ¿Es por eso por lo que quieren “reformarla” o, más sinceramente, no será que quieren otra Constitución totalmente nueva y fundamentada sobre bases y principios totalmente diferentes? Se han hecho nacionalistas vergonzantes, pero nacionalistas.

Es bien sabido que el federalismo es un instrumento para unir lo que está separado y el problema de España no era ése, ni entonces ni ahora. Aquí lo que se necesitaba era un proceso de descentralización y de distribución territorial del poder, de un poder en extremo concentrado históricamente. Y la Constitución de 1978 dio una respuesta satisfactoria, sin duda con fallos, como la inclusión innecesaria, carente de tradición, de desarrollo y de justificación del término “nacionalidades” o la ausencia de una exigente obligación de lealtad institucional y constitucional, más una deficiente distribución de competencias. Los socialistas resuelven este último problema incluyendo “en la Constitución un solo listado con las competencias exclusivas del Estado…y considerando, en consecuencia, que todas las demás corresponden a las Comunidades Autónomas”. Es decir, se prosigue el proceso de vaciamiento del Estado, hasta extremos aberrantes, sobre todo después del avance que hizo ese proceso tras la aprobación de los estatutos llamados de segunda generación. Pues el PSOE quiere ir todavía más allá.

Además, parece que los socialistas no acaban de enterarse que la teoría del federalismo da, por definición, igual tratamiento a todos los componentes de la federación, no hay miembros de primera y de segunda y lo que los nacionalistas catalanes quieren es, precisamente, ser diferentes a los demás. Maragall lo trató de solucionar con aquello del federalismo asimétrico que, como el círculo cuadrado, es una contradicción en sus propios términos. Y da toda la impresión de que, sin decirlo abiertamente, los socialistas no rechazan la idea asimétrica cuando en el mismo texto citado se refieren a “entidades políticas particulares dentro del conjunto del Estado”. (Leyendo la propuesta dan ganas de preguntar en algunos momentos “pero, ¿queda algo de Estado?”).

Aunque en ningún momento se dice ni en ese texto ni en las intervenciones de los dirigentes socialistas, a lo que aspiran no es a una innecesaria federación, sino a una confederación de la que Cataluña, seguida del País Vasco y quizás de Galicia y, por qué no, de Andalucía y de los archipiélagos y quién sabe qué más, serían miembros privilegiados “confederados” con lo que quedaría de una enteca España. Para los nacionalistas/secesionistas la confederación sería, muy probablemente, la solución ideal porque les permitiría tener un poder exclusivo y excluyente en su propio territorio, manteniendo un derecho de intervención en la confederación, acompañado de ventajas fiscales. Y como teóricamente el Estado -teóricamente federal, de hecho confederal- seguiría siendo uno podrían continuar formando parte de la Unión Europea, algo que ahora les preocupa mucho. ¿Va por ahí eso que llaman la tercera vía?

Los socialistas parecen dispuestos a ayudar a los nacionalistas en ese inconfesado proceso. Volvemos al texto citado donde encontramos cómo se subraya “la intervención de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado que puedan afectarles y su capacidad de influir en el nombramiento de órganos e instituciones comunes”. Es decir, prácticamente en todo, sin excepción notable. Además, aunque se habla de reconocer al Poder Judicial “su carácter de poder único y exclusivo del Estado” se acepta que “puede ser conveniente una cierta territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial” y se afirma que “los diferentes procesos en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deban culminar en los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma y no en el Tribunal Supremo” que quedaría como mero “Tribunal de Casación (unificación de doctrina) y no de segunda o tercera instancia”. Digan lo que quieran esto es un definitivo adiós a un Poder Judicial único y de todo el Estado. Lo repetimos, ¿qué quedaría del Estado?

En plena y significativa coherencia con todo ese caos federal, los socialistas suprimen el Senado y lo sustituyen por una Cámara de Representación Territorial “que toma como modelo de referencia al Bundesrat o Consejo Federal alemán”. Aparte de que la palabra “Senado” le ha molestado siempre mucho a la izquierda, lo que no dicen los socialistas es que en Alemania son muchos los que piensan que fue un modelo equivocado, aunque la reforma de hace algunos años ha suavizado un poco, solo un poco, sus inconvenientes. Ese modelo tiene un doble origen. Por una parte el II Reich Imperial de 1871 que era, propiamente, una confederación en la que subsistían los reinos y principados. Existía desde 1866 la Confederación de la Alemania del Norte y, tras la victoria en la guerra franco-prusiana los Estados del Sur ratificaron tratados que les integraban en esa Confederación, que se convertía en el Reich. El Imperio reposaba –como explica Henry Bogdan en su Histoire de l’Allemagne- en la voluntad manifestada por los príncipes de unirse en una “Confederación perpetua para la protección del territorio federal y del derecho que en ella está en vigor así como para asegurar la prosperidad del pueblo alemán”. El presidente de la Confederación era el “rey de Prusia que lleva el título de emperador alemán”. Allí había también un Bundesrat compuesto de cincuenta y ocho representantes de los Estados, por lo tanto no elegidos sino designados o cesados por los gobiernos de estos Estados. No era, desde luego, propiamente, una Cámara parlamentaria. Y la Confederación era “asimétrica”, esto es desigual, pues el peso de Prusia en el conjunto era decisivo.

Con ese precedente se redactó en la Alemania ocupada y bajo la inspiración de las potencias occidentales vencedoras la Ley Fundamental de Bonn de 1949, texto constitucional de la República Federal Alemana. Con el recuerdo de Hitler todavía fresco se trató de debilitar todo lo posible al Gobierno central y a eso responde tanto la obligada federalización como la de un Bundesrat con amplios poderes de obstrucción. Eso es lo que quieren los socialistas para España: Un ex-Senado no elegido por los ciudadanos (aunque, contradictoriamente, aceptan al final considerar “una fórmula mixta”, que es lo que ya tenemos) sino por las comunidades autónomas, sin más fin que limitar la capacidad de actuación del Gobierno del Estado. Me dan ganas de repetir algo que escribí hace algo más de siete años: “Los socialistas quieren estar en la foto, aunque sea la del entierro de España”.

Alejandro Muñoz-Alonso

Catedrático de la UCM

ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO es senador del Partido Popular

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