Estrasburgo decide este lunes sobre la doctrina Parot entre el pesimismo de las víctimas del terrorismo

Este lunes día 21, el Gobierno español, las víctimas de la violencia etarra y los propios terroristas presos en las cárceles de nuestro país tendrán la vista puesta en el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que decide de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, si la polémica doctrina Parot es legal o no.

Ya el pasado 10 de julio del año pasado, el propio tribunal comunitario sentenció que ésta violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, además de conceder una indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 por gastos y costas a la etarra Inés del Río Prada, miembro del histórico comando Madrid que llevó la doctrina ante los tribunales europeos.

Según el Tribunal de Estrasburgo, la citada doctrina "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a las personas condenadas bajo el antiguo código penal de 1973". Motivación ante la cual el Estado español presentó inmediatamente un recurso a través de la Abogacía del Estado bajo la premisa de que "no puede tener el mismo tratamiento penitenciario uno que doscientos asesinatos".

Ante la posibilidad de que los 17 jueces de la Gran Sala del TEDH rechacen el recurso presentado por el Gobierno y se reafirme en su decisión, fuentes del Ministerio del Interior, en conversación con este periódico, apuntan que cualquier medida a adoptar se hará pública el mismo lunes a las 13.00 horas durante una rueda de prensa conjunta de Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, dos horas después de que se haga pública la decisión del tribunal.

"Perfectamente constitucional"
Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostraba confiado en que no se derogará la doctrina al considerar que es "justa, correcta y necesaria" y ha sido "muy útil" para luchar contra la banda terrorista Eta.

En esta misma línea se pronunciaba el viernes tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien señalaba que la doctrina es "perfectamente constitucional" y "respetuosa con el convenio europeo de derechos humanos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a través de su presidenta, Ángeles Pedraza, sostiene a EL IMPARCIAL que "hasta el último minuto no perdemos la esperanza; llegados a este punto una ya no sabe qué pensar con tanto rumor, pero lo cierto es que somos pesimistas con el fallo de este lunes".

Tras lo que decida el TEDH el lunes, la AVT valora presentar a su vez un recurso la semana que viene ante la sentencia del caso 'Faisán' a los mandos policiales Enrique Pamiés y José María Ballesteros, condenados a un año y medio de prisión por revelación de secretos por el chivatazo a Eta.

Al respecto, Pedraza señala a este periódico que es una "aberración" que se condene a Pamiés y Ballesteros por revelación de secretos y no por colaboración con arma armada, ya que "una cosa va de la mano de la otra, es de sentido común".

Terroristas y violadores
La doctrina Parot hace referencia a la decisión del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006 de aplicar la reducción de condena por terrorismo sobre el total de la condena impuesta al preso terrorista y no sobre el máximo de condena permitido en nuestro Código Penal, 30 años.

El fin de la doctrina Parot supondría la puesta en libertad de 54 terroristas de Eta, 7 del Grapo, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno condenado por 74 violaciones).

De estar de acuerdo el TEDH y, por tanto, ser contraria a España, la decisión afectaría solo directamente a Del Río, aunque es indudable que supondría el fin de la doctrina y provocaría casi de inmediato una cascada de recursos de etarras afectados por la misma.

Es el caso de Juan José Zubieta, condenado a 1.309 años por el atentado en 1991 contra la casa cuartel de Vic que causó la muerte de 11 personas, entre ellas cinco niños. Su fecha de excarcelación, prevista para 2012, está retrasada hasta el año 2021 en aplicación de la doctrina.

Podrían beneficiarse también de la decisión de Estrasburgo Juan José Legorburu, alias "Txato", condenado a 746 años por diversos atentados y ocho asesinatos, o Juan Carlos Arruti, alias "Paterra", que cumple una pena de más de 1.200 años por catorce asesinatos.

De derogarse la Parot, José Antonio López "Kubati", condenado, entre otros atentados, por el asesinato de la etarra "Yoyes", o el etarra que atentó en 1987 contra el Hipercor, Domingo Troitiño "Txomin", quedarían en libertad después de que su salida de prisión estuviera fijada en 2006.

Pero no solo reclusos de Eta estarían afectados por la decisión. Las mismas fuentes indican que también podrían ser excarcelados siete miembros de los GRAPO, entre ellos Guillermo Vázquez Bautista, condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en Gijón en 1989.

Lo mismo ocurriría con Ismael Miquel Gutiérrez, jefe del comando de los GAL que asesinó a un ciudadano francés en 1985, o con Josefa Rodríguez Porca, miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego (EGPG) y condenada a 84 años de prisión por el asesinato de un guardia civil en 1989.