El Estado ahorrará hasta 40 millones con un macrocontrato de comunicaciones

La Administración General del Estado está ultimando un concurso para la adjudicación de un "macrocontrato de comunicaciones" centralizado para todos los departamentos que permitirá ahorrar entre un 10 y un 15 por ciento de los 270 millones de licitación, lo que supone un ahorro de unos 40 millones de euros.

Así lo ha avanzado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en el Senado en la que está dando cuenta del informe sobre la reforma de las administraciones públicas.

Para Sáenz de Santamaría "no tiene sentido" que cada órgano de la administración compre su propio software o contrate por su cuenta los suministros de electricidad o comunicaciones.

Ha puesto como ejemplo los 1.700 contratos de suministro eléctrico que tenía hasta ahora la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y que se han dejado en un solo acuerdo marco, o los 9 millones de euros, de un total de 47, que se ahorrará el Ministerio del Interior por este mismo motivo.

En este sentido, ha subrayado también los 44 millones de ahorro en alquileres o la venta de inmuebles en desuso que han permitido unos ingresos de 105 millones de euros para el Estado.

"No se trata solo de gastar menos, sino gastar mejor", ha insistido la vicepresidenta, que considera imprescindible reducir gastos y organismos innecesarios, no sólo ahora en época de crisis, sino también en tiempos de bonanza económica.

En este objetivo enmarca el plan de reducción de fundaciones públicas, de las que se suprimirán la mitad, y una mejor gestión de los presupuestos públicos, que partirán en muchos casos de "base cero" y no como hasta ahora.

También ha apostado por una eficiencia en la gestión de los recursos humanos de la administración, premiando la responsabilidad y el esfuerzo y limitando el empleo eventual.

Además, Saenz de Santamaría ha anunciado la aprobación de una nueva ley de fomento de la financiación empresarial para mejorar los mecanismos alternativos a la financiación bancaria.

La vicepresidenta ha enumerado una serie de datos positivos sobre la evolución de la economía española y ha señalado que solo queda por aplicarse menos de un 10 por ciento de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Reformas aprobado en abril de 2012.

Tras recordar que el Gobierno ha impulsado más de 130 iniciativas con rango de ley, de las que un centenar han sido aprobadas ya por las Cortes Generales, ha explicado algunas de las medidas que aprobará próximamente el Ejecutivo.

Entre ellas, esa nueva ley de fomento de la financiación empresarial que ha explicado que, entre sus ejes, tendrá la revisión en profundidad del sector de capital-riesgo y la flexibilización del régimen de las instituciones de inversión colectiva.

El objetivo es, en definitiva, la adopción de las medidas necesarias para facilitar el acceso a la financiación de las pymes, según ha explicado.