Los peligrosos acuerdos de Santos con la guerrilla

Los acuerdos políticos amargos vienen envueltos por un celofán cuidadosamente diseñado para inhibir en todo lo posible cualquier reacción crítica de la opinión pública. Esto es lo que ha sucedido en el segundo punto de acuerdo recién alcanzado por el Gobierno colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la mesa de negociación de La Habana. El celofán del envoltorio está en una declaración inequívocamente positiva como es que las FARC abandonarán las armas y formarán su propio partido dentro de un nuevo orden democrático colombiano. El acuerdo incide en unas formas de participación, transparencia y creación de un Estatuto de la Oposición que anule la violencia como instrumento político.

Nadie podría oponerse a ese escenario, y formulado en esos términos, nadie duda de que sea el punto de encuentro para la reconciliación nacional. Ahora bien, bajo el ilusionante envoltorio se está tratando de filtrar bajo cuerda presupuestos muy alejados de las premisas democráticas más elementales y mucho más propias de la ideología maoísta de los guerrilleros. En la letra pequeña -y de redacción enrevesada- de este acuerdo del punto segundo ya se acepta desde el Ejecutivo de Santos una de las reclamaciones de los narcoguerrilleros que parecían de más difícil digestión. Se crearán circunscripciones especiales, adscritas a las zonas sometidas a combates, donde los guerrilleros obtendrán escaños regalados para la Cámara de Representantes, al margen de los votos que puedan obtener en la campaña electoral. El volumen real de escaños regalados a la guerrilla ha quedado, por el momento, silenciado con el fin de no hacer aún más amarga la noticia a las víctimas de las FARC, pero sin duda es un número de escaños que satisface las apetencias del narcoterrorismo, que se ha apresurado a su rápida firma.

Una cesión de estas características solo se entiende por el error político del presidente Santos de vincular su reelección al referéndum que ratifique los acuerdos con las FARC. El presidente colombiano necesita ahora que las negociaciones se aceleren y solo puede conseguirlo haciendo concesiones que en otras circunstancias habrían sido directamente inaceptables. El partido que surgiese del abandono de las armas por parte de las FARC no debería acceder a ningún escaño más que los concedidos por los electores con sus papeletas. Todo lo que no sea esto es una peligrosa trampa a la democracia.

La soga que el presidente Santos se ha puesto a sí mismo en el cuello con el escenario diseñado por su propia mano para la reelección, hace temer que esta no sea la última concesión. Está por ver si los narcoguerrilleros no consiguen posiciones ventajosas frente a otros grupos políticos en los medios de comunicación, como es su propósito declarado desde el inicio de las negociaciones. Más espinoso todavía es el asunto de la reparación a las víctimas y el respeto a los principios jurídicos. Hay una corriente favorable a que las violaciones de los derechos humanos se salden mediante comisiones de la verdad, declaraciones públicas de arrepentimiento e indemnizaciones a las víctimas, nada de lo cual puede sustituir al verdadero ejercicio de los tribunales de justicia. Las prisas por el acuerdo no pueden desembocar en escaños regalados a criminales con las manos manchadas de sangre.

Ni siquiera una reforma legal interna colombiana podría zanjar el asunto. Cada día se impone con más fuerza una jurisdicción internacional que desde cualquier otro país puede actuar legalmente contra responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio que afectan a todos los líderes de las FARC. ¿Podrían acceder a la función pública y ejercer cargos de representación en estas circunstancias? Ningún acuerdo podrá encubrir esos graves delitos contra los derechos humanos.

La desmovilización de las FARC requiere no transgredir determinadas premisas morales y jurídicas, pues sería un embate muy arriesgado para la propia estabilidad democrática en Colombia, con un desenlace quizá peligroso y de efectos siniestros. La ciudadanía colombiana debería hacer oídos sordos a los cantos de sirena de ciertas componendas y llevar a cabo un frío ejercicio crítico tanto ahora como en el referéndum y la reelección.