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Manifiesto del 23 de noviembre de 2013

POR UNA POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA

sábado 23 de noviembre de 2013, 09:03h


Tal día como hoy hace 100 años se reunieron junto a esta bella y sencilla Fuente del Niño de la espina, rodeados por los mismos ocres, castaños, cobres y dorados colores del otoño, un nutrido grupo de intelectuales jóvenes y maduros. El lugar, estos exuberantes jardines de Aranjuez, lo eligió el poeta Juan Ramón Jiménez. El motivo fue rendir –en palabras del filósofo José Ortega y Gasset– el “santo sacramento del aplauso” al literato José Martínez Ruiz. Azorín era para los convocados –por seguir con las palabras de Ortega– un “artista exquisito” que había escrito “páginas egregias, cuya belleza pervivirá libre de corrupción”. El “admirable” Azorín, “un poco libertario, de cara a la doctrina”, aunque “reaccionario por asco de la greña jacobina” –escribió Antonio Machado en el poema que le dedicó y se leyó aquel día–, era, para los reunidos y los muchos que se adhirieron al homenaje, síntoma de una España que empezaba, de “una nueva epifanía”, de una “aurora” que oía ya cantar los gallos, según dejó escrito en sus versos el poeta; un anuncio de una España vital frente a la que consideraban nación mortecina y anquilosada de la Restauración, una España nueva con la que soñaban –de forma muy diversa porque estuvieron representadas allí muy diferentes sensibilidades políticas– todos los convocados y adheridos a aquel tan sencillo como emotivo acto.

Los jóvenes intelectuales de la que sería conocida como Generación de 1914, acompañados por algunos maestros de las generaciones anteriores, habían fundado apenas un mes antes la Liga de Educación Política Española. Querían movilizar a las gentes más innovadoras de los pueblos de España para incentivar –al margen de los partidos– la vida política, porque éstos eran “alas anquilosadas”, según expresión de Ortega. Los que festejaron a Azorín se sentían promotores y artífices de una “nueva política” que estaba por hacer frente a la “vieja política” de las instituciones. No se trataba, dijo el escritor en su respuesta a quienes lo homenajearon, de “jóvenes o de viejos, ni de tradicionalistas o revolucionarios”. La Fiesta era “una pública manifestación de solidaridad, de hermandad espiritual, de fraternal compañerismo”, emanada de “ideas, sentimientos y anhelos” que, si nacían de la “estética”, no olvidaban que ésta “no es más que una parte del problema social” de un pueblo que apenas podía, con el fruto de su trabajo, “satisfacer angustiosamente al fisco y pagar las deudas exorbitantes de la usura”. Se levantaban contra “la falsedad” de la política como se habían erguido antes ante la falsedad de la literatura. A pesar de la “indignación” y de la “desesperanza”, del “abatimiento” y del “impetuoso deseo de aniquilamiento”, sentían también las “esperanzas” de una “renovación”.

Hoy, un siglo después, los firmantes de este manifiesto, gentes de distintas generaciones, de varias sensibilidades y tendencias políticas, con diversas experiencias de mundo y diferentes compromisos en la vida pública, los convocantes de esta nueva Fiesta de Aranjuez, sentimos también ansias de renovación y tenemos esperanzas y ánimos para impulsar una nueva política, una política más próxima a la ciudadanía o, mejor dicho, una nueva política entretejida con la ciudadanía, con los ciudadanos, una política de la ciudadanía, de una ciudadanía consciente y activa que ha dado reiteradas muestras de querer participar más en las decisiones públicas.

Sin dejar de señalar los problemas y siempre con ánimo de buscar soluciones a los mismos, no podemos, ni queremos, olvidar nuestro pasado y desconocer las sustanciales mejoras que ha conseguido la sociedad española durante la vigencia de nuestra actual Constitución. Reconocemos los valores esenciales y los fundamentos de nuestra democracia, que permitió la transición de una dictadura larga y cruel a un “Estado social y democrático de derecho”, el cual ha facilitado la convivencia pacífica de los ciudadanos, la sana alternancia en el poder, la descentralización y desconcentración del mismo en las comunidades autónomas y entes locales, un gran progreso económico y social, una presencia activa en el ámbito internacional y la plena inserción en la Unión Europea.

Reconocidas las virtudes de nuestra democracia, denunciamos las malas prácticas de nuestra vida política que se han injertado en nuestra sociedad y que llevan a inercias perjudiciales para el progreso como son la corrupción, la crispación y el intervencionismo partidista en esferas que deberían ser ajenas a los partidos. No podemos obviar que a la crisis económica y a los gravísimos problemas sociales que ha ocasionado hay que añadir una crisis institucional y de valores, la cual se expresa en el desprestigio de la mayoría de las magistraturas del Estado y de los propios representantes políticos. Una democracia funciona en tanto que sus ciudadanos confían en los poderes públicos y en sus representantes, confían en que su actuación está guiada por la persecución del interés general, del bien común, y no del beneficio particular o de un grupo.

La sociedad española ha dado repetidas muestras de vitalidad y de un alto nivel cívico. No hablamos en su nombre porque no podemos arrogarnos una representación que no tenemos ni tenemos intención de buscar. Sí creemos expresar el sentir de muchos ciudadanos al reivindicar una nueva política, una democracia que, conservando las virtudes de nuestro sistema constitucional, se actualice y mejore. Somos plenamente conscientes de que la voluntad soberana se expresa a través de las mayorías parlamentarias y de la formación de los gobiernos que salen de las mismas en cada momento. No se trata de sustituir los mecanismos de representación, pero creemos necesario que las democracias encuentren nuevos cauces más amplios de participación ciudadana y nuevos foros de deliberación que enriquezcan los programas de los partidos políticos para que la voz de los ciudadanos aliente de forma más activa las decisiones del poder.

De nada sirve una democracia de papel si las políticas concretas se olvidan de que se gobierna para y con los ciudadanos. El Estado social y democrático de derecho conformado por nuestra Constitución garantiza una economía de libre mercado que ha permitido un progreso notable en términos socioeconómicos. No imaginamos a corto plazo ningún otro modelo que asegure mayor desarrollo y bienestar social. Sabemos que no es incompatible la búsqueda del interés propio y del general, pero somos conscientes de que la crisis económica ha sacado a la luz algunas de las facetas más turbias y perturbadoras de la economía especulativa, especialmente de la especulación financiera e inmobiliaria. Por eso, recordamos que si bien en la sociedad civil cada uno puede buscar legítimamente su propio beneficio, la gestión pública de la economía tiene que tener presente a todos los ciudadanos. Como dijo Azorín en 1913, la fortaleza de un país “es una resultante del bienestar y de la justicia sociales”. Hay muchas políticas que pueden dar respuesta a la inquietud azoriniana como nítida defensa de la igualdad de oportunidades y de la solidaridad, pero pocas que lo hagan de forma más efectiva que la garantía de unos buenos servicios públicos en educación y sanidad, y políticas que fomenten la investigación, desarrollo e innovación tanto desde el ámbito público como desde el privado para la necesaria consecución de una sociedad del conocimiento que incentive un nuevo modelo productivo.

Nuestra tradición humanista, que tiene raíces diversas, es el fundamento ideológico de la construcción del Estado del bienestar. Éste nació como respuesta, por un lado, a las consecuencias de la mayor tragedia de la Edad Contemporánea, la Segunda Guerra Mundial, y, por otro, a las tensiones sociales que la modernidad había producido. El Estado del bienestar ha permitido en Europa una más justa redistribución de la riqueza y ha dado soluciones –todo lo parciales que se quiera, pero al fin y al cabo respuestas positivas– a las más diversas situaciones de necesidad. Desconocer los orígenes del mismo y sus ventajas puede llevarnos por un camino erróneo. Su garantía no significa que no sea necesario hacerlo sostenible mediante una austera y eficiente gestión de los dineros públicos. El Estado del bienestar ha servido y sirve para que los ciudadanos nos sintamos partícipes de la sociedad en que vivimos. Su hundimiento pudiera llevarnos a la desafección política y a los impredecibles riesgos que ella conlleva.

Para que una democracia sea justa se necesita un fuerte poder judicial independiente, dotado de suficientes medios para llevar a cabo la importante función que le atribuyen las normas. Fortalecer el poder judicial y garantizar su independencia son modos de contribuir a las políticas de la ciudadanía, a las políticas de la democracia.

Es necesario un fructífero diálogo entre los líderes de los grandes partidos y del resto de fuerzas políticas y entre las distintas instituciones del Estado, atendiendo a las diversas voces de la sociedad civil, para alcanzar los acuerdos indispensables que configuren, desde lo ya conseguido, unas nuevas bases y garantías de nuestro marco jurídico, político, económico y social de convivencia. La sociedad española ha dado reiteradas muestras de madurez, entereza, capacidad de esfuerzo y proyección de sus esperanzas hacia el futuro como para confiar no sólo en la salida de esta ya prolongada crisis económica, social, institucional y de valores sino también en la solidez de los nuevos fundamentos que se pongan para su modernización dentro del marco europeo y global en el que estamos inmersos.
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