Saqueos en Argentina

Los gravísimos incidentes que acaban de producirse en Argentina son una pésima noticia para un país donde se supone que las autoridades tienen la ineludible obligación de mantener el orden público y no ceder a chantajes. Dos muertos y más de cien heridos ha sido el nefasto resultado de los altercados, saqueos y robos, en números supermercados, comercios e incluso domicilios particulares, que se produjeron en varias ciudades, especialmente en Córdoba, la segunda más importante del país. El origen de los desmanes fue la huelga salvaje que protagonizó la Policía de Córdoba para conseguir una subida salarial. Los agentes aprovecharon que el Gobernador se hallaba en viaje oficial para abandonar sus puestos de trabajo, lo que dio pie al caos y a los saqueos. Finalmente, volvieron a sus puestos tras llegar a un acuerdo con el Gobernador, José Manuel de Sota, que cedió a sus pretensiones, incapaz de controlar la situación, pese a que las calles de Córdoba fueron feudo de los alborotadores y delincuentes.

Pero si mal está que los policías iniciaran y mantuvieran esa huelga salvaje, quedándose impertérritos ante todo cuando ocurría, y que se haya cedido al chantaje, es más preocupante, si cabe, todo lo que sucedió mientras que la ciudad era presa del caos y de intolerables actuaciones. En primer lugar, ni el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ni la Casa Rosada estuvieron ni por asomo a la altura de la gravedad de los hechos, mirando hacia otro lado y con los brazos cruzados, pese a que los incidentes iban en aumento, retransmitidos por todas las cadenas de televisión. La presidenta, Cristina Fernández, no dio ni un solo paso para demostrar que tiene las riendas del país, siendo incomprensible que no tomara medidas contundentes e inmediatas, desoyendo incluso la llamada de la oposición que reclamaba una ley de emergencia de seguridad nacional. Su jefe de Gabinete, el recientemente nombrado Jorge Capitanich, se limitó a decir que el problema era “excluyente y exclusivo” de Córdoba.

En segundo lugar, resulta bochornoso que en lugar de afrontar el conflicto con rapidez las autoridades se dedicaran a lo sumo a lanzarse acusaciones mutuas, mientras que los ciudadanos quedaban desprotegidos y en manos de los delincuentes. Todo apunta a que la dejadez gubernamental se debe a una política de desgaste y desprestigio del Gobernador de Córdoba, peronista disidente, que parece inscribirse en una lucha por el poder incrementada tras la última remodelación del Gobierno llevada a cabo hace poco por la presidenta. Una lucha por el poder que parece dispuesta a desarrollarse aun a costa de enormes perjuicios para los ciudadanos y de que Argentina vea como su imagen internacional se deteriora por momentos. Lo sucedido en Córdoba es un malísimo augurio.