Montoro, comisario político

El ministro de Hacienda del actual Gabinete de Rajoy, Cristóbal Montoro, acaba de realizar una impresentable operación en la Agencia Tributaria amparada en una mentalidad trasnochada que da un preocupante paso atrás en lo que debe ser una Administración moderna y eficaz. A propósito de los cambios drásticos llevados a cabo en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Unidad de Grandes Contribuyentes, Montoro ha justificado las destituciones porque estaban, en su opinión, “llenas de socialistas”. ¿Desde cuándo el funcionariado se quita y se pone según el carné político que ostente, o según la arbitrariedad del nuevo inquilino político que accede a la cúpula de la institución?

Un funcionariado moderno alcanza sus cargos con arreglo a oposiciones y méritos objetivamente evaluados, y debe estar protegido frente a actitudes sectarias, caprichos o conveniencias políticas de turno. Cristóbal Montoro ha actuado en este caso con el espíritu y las maneras de un comisario político que cree estar en una república bananera donde la norma es proceder conforme a su antojo.

El caso es aún más preocupante, si cabe, por el área particularmente sensible donde el actual ministro de Hacienda ha decidido intervenir justificándolo con esas antediluvianas explicaciones. Los cambios se han efectuado en las oficinas de la Agencia Tributaria donde se gestionan asuntos tan delicados y polémicos como son Cemex o el caso Noos. Flaco favor le ha hecho Montoro a la exigencia de transparencia que demanda hoy más que nunca la ciudadanía, al defender tan estrambóticamente cambios tan sospechosos, arrojando toda clase de dudas sobre las intenciones últimas que se esconden tras su decisión. ¿Deterioro de la función pública por un ataque de sectarismo político o por cálculos en la sombra para usar Hacienda con fines oscuros? ¿O las dos cosas a la vez? El titular del Ministerio de Hacienda se ha lucido, pues cualquier explicación a sus acciones y justificaciones remite a respuestas cada vez más inaceptables.

Llueve sobre mojado en esta cuestión. No hace mucho tiempo que el propio Cristóbal Montoro se jactase en sede parlamentaria de las cabezas que haría rodar si hiciese pública la información que atesoraba en su cartera. Si se trataba de delitos, no darles trámite constituía un encubrimiento. Si no lo eran, el aviso tenía todo el cariz de una amenaza de chantaje incompatible con un cargo democrático. Precisamente -todo sea dicho- en el principal responsable de una política tributaria desastrosa que ha traicionado el voto de los electores en un punto muy explícito del programa electoral, con consecuencias lamentables en nuestra economía y con cargas fiscales que en algunos casos han parecido más castigos a enemigos o discrepantes, que medidas dictadas por la eficacia.

Toda esta trayectoria hace todavía más inquietante el bananero “razonamiento” dado para los recientes cambios en la inspección de Hacienda. Podríamos desembocar en una Hacienda utilizada como arma de tiranía, chantaje o represalia. La asignación de funcionarios a los cargos debe ser radicalmente ajena a los carnés partidarios de unos u otros.