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Reforma urgente de los cursos de formación

martes 17 de diciembre de 2013, 00:21h
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha diseñado una profunda reestructuración de los cursos de formación para desempleados así como de trabajadores ocupados que requieran actualizar su preparación, adentrándose en un área que no tocó la última reforma laboral. La actual fórmula opera sobre un complejísimo sistema donde intervienen el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los sindicatos UGT, CCOO y Cig, las patronales CEOE y Cepyme y las Comunidades Autónomas, que componen una estructura laberíntica y de dudosa eficacia. La prueba más fehaciente del descontrol creado por este modelo lo constituye los enormes fraudes de las facturas falsas de UGT de Andalucía o los supuestos cursos de algún empresario donde ni se impartían clases ni había alumnos reales, de modo que ingentes cantidades de dinero eran malversadas hacia fines muy alejados de la educación.

Más allá de saqueos tan deleznables como los que ahora se están dirimiendo en los tribunales de justicia -con desfalcos que también afectan a las ayudas de Europa, como las aportadas por el Fondo Social Europeo, con el consiguiente desprestigio internacional de nuestro país-, las subvenciones a los cursos de formación han caído con frecuencia en las malas prácticas educativas para convertirse en la principal fuente de financiación indirecta de organizaciones sindicales como UGT y CCOO. Agentes sociales como CEOE, Cepyme, CCOO o UGT deberían costear sus actividades solo y exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, nunca mediante dinero público directamente inyectado en sus arcas, y menos aún por oscuros medios indirectos como vienen siendo unos cursos de formación en la práctica imposibles de vigilar tanto en la utilización de los recursos como en los auténticos resultados de su hipotética pedagogía.

El simple anuncio de esta urgente reforma, ha puesto de inmediato en pie de guerra a los agentes sociales implicados, que no parecen proclives a perder el control de tan apetitosas partidas económicas. El Ministerio de Empleo acierta al promover un cambio drástico en esta inoperante forma de facilitar cursos de formación a los trabajadores, y su titular, Fátima Báñez, hará bien en resistir los embates de los hasta hoy largamente beneficiados por esta trapacera fórmula que despilfarra millones de euros realmente necesarios para modernizar la preparación de los trabajadores. Resulta inaplazable romper ese monopolio y abrir los cursos de formación hacia centros educativos auténticamente acreditados para esta función, donde tanto el dinero empleado como la calidad de la enseñanza impartida sean fiscalizados con criterios trasparentes e imparciales. El actual monopolio es un modelo fraudulento que nuestra sociedad no se puede permitir.
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