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Protestas y revueltas de nuestros días

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Creo que algo nuevo tienen los movimientos sociales que obtuvieron victorias en sus recientes protestas y revueltas.

Lo nuevo es que tienen conciencia de que pueden imponerse al poder.

La revuelta en el barrio de Gamonal ha sorprendido fuera de Burgos, y no tanto dentro de la sociedad burgalesa, a la hora de explicar su rápida victoria. Además de toda suerte de análisis sobre sus causas políticas, en Gamonal aparecen dos factores relevantes.

El primero, la debilidad del equipo gobernante, pues aunque el alcalde contaba con mayoría absoluta en el Consistorio, no contó en ningún momento con un discurso político coherente y fuerte, de suerte que en sus dos comparecencias claves -ante la prensa y ante el pleno de su ayuntamiento-, apareció, ante la opinión publica, repitiendo unas ideas sobre el controvertido bulevar que, en su momento, sólo avaló su disciplinada mayoría.

Una mayoría absoluta sin discurso equivalente -es decir, que sea comprendido por la mayoría social- es muy débil ante circunstancias adversas, por ejemplo, reiteradas protestas en las calles. Cuando las ideas faltan, la solidaridad es imposible con el gobernante que carece de ellas, y como no hay un discurso lógico que se pueda compartir, ese tipo de gobernantes suele ser abandonado, incluso por sus afines. La soledad del alcalde de Burgos puede ser la muestra.

Por lo tanto, hoy, el discurso político vuelve a tener importancia, cuando hasta ahora prevalecía el discurso económico, ahora un discurso viejo: con dinero se resolvía antes casi todo.

El segundo, que las protestas han contado con la participación de una gran coalición de intereses sociales. En ellas han estado juntos los jóvenes, sus padres y sus abuelos (ha sido muy significativo el papel jugado por antiguos sindicalistas, jubilados de las principales fábricas del “Polo de Desarrollo”); pero también estuvieron movilizados, junto con los trabajadores, los comerciantes, los funcionarios, y un amplio sector social que podríamos calificar como la clase media.

Por eso, como la protesta ha unido a la clase media con los trabajadores asalariados, y con otros sectores sociales, su éxito desconcierta a quienes tienen la necesidad de analizar políticamente el fenómeno.

En Gamonal, según mi impresión, las protestas evolucionaron hasta la revuelta, pero en absoluto se acercaron al concepto de “revolución” (como definió un erróneo informe policial).

La revuelta derriba gobiernos pero no propone, como la revolución, cambiar de raíz el sistema político o el régimen económico. Es más, la revuelta intenta defender logros que se habían conseguido en el pasado, y en ese sentido es conservadora, según el sentido que dio Edmundo Burke a ese adjetivo: “la costumbre es el alma de los Estados”.

El triunfo de la “marea blanca” -el movimiento social opuesto a los planes privatizadores de la sanidad pública- sobre el Gobierno madrileño del presidente Ignacio González (PP), obedece al nuevo fenómeno político-social. También una coalición de distintas generaciones, de clases sociales, de profesiones y de ideologías políticas se unieron en una protesta que evolucionó hasta canalizar la revuelta en acciones que se desarrollaron, fundamentalmente, en los tribunales de Justicia.

La “marea blanca” defendía que el “alma de este Estado” (“de Bienestar”) es la Sanidad Pública, algo que forma parte de las costumbres de esta ciudadanía. Es curioso el poco tiempo que ha necesitado la Sanidad Pública para arraigar como costumbre: en 1985 las Cortes Generales aprobaron la ley del “Servicio Nacional de Salud”, impulsada por el ministro socialista Ernest Lluch. Con esa ley, la sanidad pública dejaba de financiarse con las cuotas de los asalariados y empresarios, para convertirse en universal, a cargo de los impuestos de todos los ciudadanos.

Los jueces han sido sensibles a la costumbre y también al hecho de que la sanidad pública es más barata, más eficiente y más justa (de acuerdo con el propósito de su ley y de la Constitución) que la que resultaría de los planes privatizadores. El abogado que ha obtenido la sentencia contraria a la privatización, Juan de la Cruz Ferrer, demostró en su demanda que era falso el costo que daba la Consejería de Sanidad: 600 euros de gasto asistencial por persona en los centros a privatizar. El costo real asciende sólo a 374 euros, de modo que los 441 euros convenidos con las empresas era ventajoso para ellas, y oneroso para los ciudadanos que pagan con sus impuestos los hospitales.

Los jueces, con esta sentencia, pero también con otras (que igualmente dan la razón a ciudadanos en sus derechos constitucionales), aparecen llenando los huecos que deja la política. Es una viejísima realidad que se dio siempre con gobiernos que sofocaron la discusión en las instituciones parlamentarias.

Es una aparente paradoja: el abuso de la mayoría absoluta de un partido que ignora a todos sus oponentes -partido que defiende (legítimamente) más lo privado que lo publico- ha ocasionado un pronunciamiento judicial extraordinario. Y esto va más allá de su contenido ideológico respecto del valor de la sanidad pública. Lo nuevo tiene que ver con la relación de lo público con el modelo de nuestro Estado descentralizado. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid suspendiendo la privatización de la sanidad, ¿no indica que existe una costumbre que operará como una nueva especie de amortización de los servicios públicos, haciéndolos inmunes a la compra-venta?

Esa paradoja, como la paradoja de Gamonal en Burgos, le ocurre a un Gobierno que ha renunciado (¿por tácticas electorales? ¡Arriola tendrá el secreto!) a defender en el debate sus ideas políticas. ¿En su Convención de Valladolid hablarán sólo de economía? ¿Cómo pueden negarse a pensar sobre unos fenómenos que afectan de lleno a cualquier gobierno?
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