41 millones para los medios

El Ministerio de la Presidencia ha dado a conocer el 'Plan 2014 de Publicidad y Comunicación Institucional'. El Estado desembolsará 41.106.423 euros, un 24,3 por ciento más que en 2013. Según Soraya Sáenz de Santamaría, el crecimiento de la partida se debe principalmente a que estamos en año electoral. En mayo son las europeas. Sin embargo, estas cifras ya no son las que fueron: antes del estallido de la crisis, en 2007, la Administración General dedicó un 84,7 por ciento más de dinero.

Habrá 72 campañas, 28 más que el anterior ejercicio. La mayor parte de estas, un 62,5 por ciento, corresponden a los ministerios de Agricultura (16), Industria (12), Empleo (9) e Interior (8). Por coste -o inversión-, la cartera de José Manuel Soria encabeza el listado con 15.356.784 euros (un 37,4 por ciento del total), seguida por la de Jorge Fernández Díaz con 11.606.326 (28,2 por ciento). La más cara corresponde a la Dirección General de Tráfico (DGT).Indica el documento oficial que las principales materias objeto de estas campañas son "el apoyo al desarrollo de las nuevas tecnologías y la promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado de su entorno".



Uno de los aspectos de mayor interés es la distribución de todo lo anterior entre los distintos medios de comunicación, que para estos es igual a inyección de dinero; es decir, a oxígeno. Los digitales están de enhorabuena. El 79,2 por ciento de las campañas "insertarán anuncios" en Internet, por encima de radio (50 por ciento), prensa escrita (48,6) o revistas (15). Lo deseable es un reparo equilibrado, aunque la tradición dicta que los gobiernos se sirven de este presupuesto para premiar a los afines y ahogar a los críticos.

Desgranados los principales datos, no conviene concluir sin añadir dos apuntes legales útiles para que el ciudadano cuente con elementos de juicio en torno a esta materia. En primer lugar, y tal y como indica Presidencia, "la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional establece que sólo se podrán realizar campañas institucionales cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de sus competencias (...) y se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto".



Por último, "la Ley prohíbe expresamente aquellas campañas institucionales que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados; que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, valores y derechos constitucionales; y que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico". Es cuestión de tiempo saber si el desarrollo del Plan es impecable o interesado. Explicado queda al menos el punto de partida.