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El extravío nacionalista

Juan José Solozábal
martes 25 de febrero de 2014, 20:21h
No se entiende muy bien lo que hace el nacionalismo vasco democrático en la última fase del proceso de liquidación del terrorismo, esto es, en el momento de la terminación de ETA. Sus dos actuaciones últimas no pueden ser más discutibles. Primero apareció en la manifestación sobre los presos recientemente celebrada en Bilbao, de la mano con Bildu, ofreciendo su colaboración para sortear el normal funcionamiento del estado de derecho, brindando una vía de escape ante una prohibición de manifestación, decretada por el juez competente, en vez de recomendar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que el ordenamiento hacía posible. Alegó el Partido Nacionalista que la manifestación sobre la situación de los presos se venía durante varios años celebrando sin especial dificultad, lo que podía ser una afirmación cierta y prudente, pero lo que pasa es que sobre el ejercicio de nuestros derechos quien decide es un juez, y eludir esta regla no deja de ser un fraude de ley. De paso el espectáculo de fraternidad abertzale ofreció una imagen obscena de las relaciones entre demócratas y quienes no lo son, aunque tengan derechos en la democracia. Ahora aparece nada menos que el gobierno vasco por vía de su presidente reforzando la actuación de unos mediadores que, en un episodio vodevilesco que me ahorro describir, aunque no me falten ganas para ello, han arrancado a ETA una ridícula muestra de su voluntad de desarme consistente en un arsenal que cabe en la mochila de un terrorista, cuya inutilización no se ha comprobado, y que , para mayor sonrojo, se han llevado los miembros de la organización etarra tras la grabación de un vídeo.

Hay en esta situación algunas cosas lógicas y otras que no lo son tanto. Se entiende la preocupación del nacionalismo vasco por acabar con las muestras que quedan de la violencia que la sociedad ha sufrido durante décadas y abordar la reconciliación e intentar un tiempo nuevo común. Pero el nacionalismo debiera aceptar que la vida sin ETA y tras ETA no puede afirmarse, sobre bases sólidas, sin el respeto del ordenamiento jurídico, que todo gobierno debe imponer, precisamente como garantía de la buena marcha del proceso de desaparición del terrorismo, y con cuidado de que los delincuentes no encuentren compensación alguna a sus fechorías, lo que sucedería si de alguna manera se les reconociese un derecho a participar, como reclaman a través de personas interpuestas, en una negociación para abordar “las consecuencias del conflicto”.

Lo que ha de hacer ETA, lo que se debe por tanto exigirla, es proceder a su desaparición y entrega de las armas, informando a las autoridades competentes sobre la localización de éstas. La disolución de ETA deja en las mejores condiciones a su militantes presos, que decidirán acogerse a las medidas penitenciarias legales que procedan y cuyo ejercicio habrá de favorecerse habida cuenta de la imposibilidad de reincidencia y sus oportunidades de reinserción.

Se entiende que la verificación del proceso de liquidación del terrorismo en estos términos no convenga a la izquierda abertzale cuya función ha sido ofrecer cobertura política a ETA. Prolongar la vida de ETA y apuntar a un protagonismo que permita salvar la cara a una actividad que además de criminal y totalitaria se ha demostrado inútil, pues ni ha habido autodeterminación, ni se ha unificado Euskalerria, ni han abandonado Euskadi los aparatos militares de los estados francés y español, puede considerarse una pretensión lógica para unas fuerzas políticas que tienen muy duro admitir que el esfuerzo ha sido vano. Tampoco es tarea fácil, con esta conclusión, fantasear sobre el tiempo heroico en el que la vanguardia de ETA valientemente defendió el honor del pueblo vasco atropellado, según la aberrante lectura que se hace en determinados círculos de la época atroz que todos hemos presenciado.

Pero ¿por qué el PNV se siente obligado a implicarse, sin rebosar ciertamente determinación, en un desafío al Estado que no tiene ningún viso para salir adelante? Cierto que la lucha contra ETA fue posible en buena parte de su gestión sin los nacionalistas: durante demasiado tiempo el PNV se negó a enfrentar con todas las armas legales al terrorismo,(hizo, en cambio, muy bien en exigir la regularidad de la actuación pública contra ETA) y el Estado no pudo contar con su asistencia para acordar la ilegalización de Herri Batasuna y asumir la legislación antiterrorista. Pero precisamente esa experiencia pasada debiera llevar al nacionalismo democrático a aceptar que es lógico que en materia de lucha antiterrorista, se piense que no son precisamente lecciones lo que la democracia española puede obtener de sus posiciones. De manera, apreciado Sr. Urkullu, que no fuerce el gesto, que, como dijese el clásico, toda afectación es mala.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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