Sigue el juicio a Fujimori

Los juicios al exjefe del Estado peruano Alberto Fujimori no han concluido y sus vicisitudes están detrás de parte de la tormenta política vivida estos días en el país andino. El caso de Fujimori parecía cerrado tras su condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Su hija Keiko Fujimori fundó el partido Fuerza Popular con el propósito de reivindicar el legado de su padre y el objetivo prioritario de utilizar su fuerza en el Congreso para lograr una amnistía política que lo saque de prisión. Ninguna de las múltiples maniobras realizadas hasta el momento han obtenido resultado positivo, sino que muy al contrario la situación del golpista se ha agravado con una nueva imputación para la que hasta ahora no se habían conseguido suficientes pruebas.

En el nuevo caso se acusa a Fujimori de haber desviado 122 millones de soles -más de 43 millones de dólares- de dinero público destinado a sobornar a medios de comunicación con el fin de denigrar a sus oponentes políticos y crear una opinión pública favorable a su tercera reelección. Es lo que en Perú se ha dado en llamar “Diarios chicha”, cuyas portadas escandalosas y agresivas fueron generosamente compradas con dinero del contribuyente al servicio de los intereses de la presidencia, tal como ocurrió con “El Mañanero”, “La Chunchi”, “El Tío”, “El Chato” o “La Yuca”, entre otros. Ahora hay pruebas que permiten establecer claramente su responsabilidad en este delito. Así lo han corroborado en numerosas declaraciones los interrogados en el proceso judicial anterior. De ser condenado por esta nueva causa abierta, podría recaer sobre él una pena de 8 años más de cárcel y una cuantiosa cantidad en concepto de responsabilidad civil. Tras las declaraciones judiciales de esta semana, el próximo martes la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidirá sobre la continuidad definitiva de este nuevo juicio.

La reacción de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori en el Congreso peruano ha sido vehemente y muy peligrosa. En alianza con el APRA, capitaneado por Alan García también involucrado en la investigación de “narcoindultos” durante su presidencia, dejó en el aire la legitimidad del nuevo Gobierno del presidente Ollanta Humala, algo que ha hecho tambalear la política peruana a expensas de una coacción que se ejerce en el Parlamento para condicionar la actuación de la justicia. Ahora que la economía peruana recibe un esperanzador impulso, es el momento de que no se desestabilice el crecimiento por maniobras ilegítimas. Hoy las instituciones democráticas de Perú deben consolidar su fortaleza y repeler chantajes políticos que solo provocarían inestabilidad y reveses para el conjunto de la ciudadanía. Es importante para la sociedad peruana que el nuevo juicio al expresidente Alberto Fujimori siga adelante sin ceder a manejos que violenten con subterfugios la independencia judicial.