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Suárez

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Artículo primero: Uno. La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo.

Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado.

Dos. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Artículo segundo: Dos. Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad.

Artículo tercero: Tres. El Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma Constitucional, deberá someter el Proyecto a referéndum de la Nación.

Disposición Transitoria Primera: El Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de trescientos cincuenta Diputados y elegir doscientos siete Senadores a razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. Los Senadores serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad que residan en el respectivo territorio…

Son solo algunos extractos de una ley aprobada en enero del año 1977. Defender la democracia, la soberanía popular y los derechos fundamentales es siempre algo revolucionario. Pero más revolucionario es hacerlo cuando se vive en una dictadura. A mitad de camino entre lo revolucionario y lo increíble está el que esa defensa en una dictadura no la hagan solo los opositores a ella, sino que se haga a través del principal instrumento jurídico de ese Estado autoritario, declarando así la muerte de esa misma dictadura y el tránsito hacia un régimen de libertades.

Los de arriba son solo algunos extractos de la Ley para la Reforma Política, la octava y última de las Leyes Fundamentales del franquismo, una ley brevísima (cinco artículos, tres Disposiciones Transitorias y una Disposición Final: una página y media del Boletín Oficial del Estado del 5 de enero de 1977) que permitió, no obstante, la posibilidad de existencia del proceso histórico conocido como Transición política y, en último término, la aprobación de la Constitución Española de 1978.

El proyecto había sido aprobado por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y sometido a referéndum del pueblo español el 15 de diciembre de ese año, participando el 77,4% de la población y con el 94,2% de votos afirmativos.

Detrás de la Ley para la Reforma Política estuvo la decisión arriesgada de Adolfo Suárez. La Ley para la Reforma Política permitió en España la vuelta a la democracia y a un régimen constitucional. Sin ella, quizás se habrían alcanzado también estos objetivos, pero habría sido de un modo distinto y que hoy no podemos imaginar.

Es la Ley para la Reforma Política la que echa el cierre de la dictadura franquista y abre la puerta a todos los acontecimientos futuros, especialmente a la celebración de las elecciones de junio de 1977, de las que nacerían las Cortes que elaborarían la Constitución, ratificada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

Este es el legado que deja Adolfo Suárez. Cuando se habla de su imprescindible papel en la Transición se habla de su apuesta concretada en la Ley para la Reforma Política. Hablar de esta ley equivale a hablar de la Transición a la democracia y del triunfo de Suárez. Apostó y la jugada salió bien. Sin esta audacia, el Suárez posterior –con sus luces y sus sombras– no habría existido. Y quizás otras cosas mucho más importantes tampoco.
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