Control estatal de las Autodefensas mexicanas

Entre los muchos problemas a los que México debe hacer frente, uno de los más preocupantes es el de la violencia que se ha hecho especialmente fuerte en algunas zonas, donde los narcos han impuesto prácticamente su ley. Pero, además, la lacra de la violencia resulta doblemente inquietante. Por un lado, por el dominio y expansión de narcos y delincuentes y, por otro, por la respuesta que ha provocado esa criminalidad que ha ido creciendo día a día. Porque esa respuesta no ha venido por parte del Estado, como debe ser, sino por la de las denominadas Autodefensas, formadas por civiles, que se han convertido en una policía paralela, perfectamente organizada y con un potente arsenal armamentístico. Y que goza, lo que añade inquietud, de una aureola ante muchos ciudadanos que las apoyan, sobre todo después de su éxito en la derrota del peligrosísimo y poderoso cártel mafioso de los Caballeros Templarios en Michoacán.

El Gobierno mexicano se dio perfecta cuenta de que cada vez más el asunto se le iba de las manos y trabajó con la finalidad de llegar a un acuerdo con esos grupos para que sus miembros se incorporasen a un nuevo cuerpo de Policía Rural y, así, según explicaron los responsables gubernamentales, poder ofrecer protección a sus vecinos de manera legal. En las negociaciones se acordó que el próximo 10 de mayo los grupos de Autodefensas depondrían sus armas y se inscribirían en esa Policía Rural. Pero ahora, cuando se acerca la fecha, se aprecia, por si había alguna duda, que esa solución negociadora no fue precisamente acertada. Unos y otros se están enzarzando en discusiones y desmentidos sobre lo que realmente acordaron, con el punto capital de la deposición de las armas, a lo que los grupos parapoliciales se oponen radicalmente y niegan que eso formase parte del pacto.

No es una solución que el Estado mexicano se ponga a la altura de un grupo armado ilegítimo, por mucho que se revista de buenas intenciones. Incluso aunque las negociaciones dieran el resultado práctico deseado, cosa que además no está sucediendo. Un Estado democrático nunca debe hacer dejación de sus funciones en su lucha contra la violencia y la delincuencia, y tiene suficientes mecanismos, y ha de utilizarlos, para que nadie le usurpe esa irrenunciable tarea. México tiene frente a sí el reto de terminar con la violencia y el de someter al control institucional -y no parece que el recurso al pacto sea el camino- a quienes adoptan actitudes y llevan a cabo acciones que en absoluto les corresponden.