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justicia

El TC avala el cobro de las tasas judiciales en Cataluña

martes 06 de mayo de 2014, 15:22h
El Tribunal Constitucional ha sentenciado hoy que el cobro de tasas judiciales por la Generalitat de Cataluña es constitucional, en una sentencia que rechaza el recurso del Ejecutivo central contra el decreto que regulaba esta medida.
El alto tribunal había dejado en suspenso, de manera provisional y en tanto no resolvía sobre el asunto, la aplicación de las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno catalán y con las que la Generalitat preveía recaudar entre 15 y 20 millones de euros anuales y contribuir así a aumentar sus ingresos.

En su sentencia, el TC considera que este cobro de tasas judiciales exclusivo de Cataluña no es contrario a la Constitución, con lo que resuelve el asunto a favor del Gobierno catalán, aunque en la misma resolución ha considerado inconstitucional el cobro del euro por receta implantado en 2012 en la misma comunidad.

Las tasas judiciales catalanas fueron aprobadas el 14 de marzo de 2012 por el Parlamento catalán en el marco de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña, que estableció esta tasa autonómica en la administración de justicia y el euro por receta en materia sanitaria.

Aunque la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia y la posibilidad de su financiación mediante la imposición de tasas, el TC explica que el estatuto de autonomía de Cataluña reconoce también a la Generalitat el derecho de implantar tasas para financiar la justicia.

El Constitucional recuerda que en una sentencia en 2010 ya determinó que el Poder Judicial y su órgano de gobierno son únicos, pero que "existe un conjunto de medios personales y materiales" que están "al servicio" de la Administración de Justicia, pero "no estrictamente integrados" en ella, sobre los que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias.

Partiendo de este principio, afirma la sentencia que es posible la imposición de tasas autonómicas sobre dicha "administración de la Administración de Justicia".

Descarta el TC que haya coincidencia entre el hecho imponible sobre el que recae la tasa estatal y el hecho imponible gravado por la tasa autonómica.

En este sentido, afirma la sentencia que la regulación de la tasa por el Estado se justifica sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional, "que es una actividad típica e indeclinablemente estatal, en cuanto manifestación de uno de los poderes del Estado".

Por el contrario, la tasa autonómica se refiere a los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, una materia cuya competencia es en este caso de la Generalitat.

Según la sentencia, si la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia "es compatible con la competencia autonómica en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de aquélla, no es dable dudar de la regularidad constitucional del establecimiento de una tasa para financiar dicha competencia autonómica".

El TC sostiene que a diferencia de lo que sucede con la tasa del Estado, la autonómica "no está enlazada con el acceso a la jurisdicción o a los recursos, ya que el pago de la misma no constituye condición de admisibilidad de los actos procesales cuya vertiente administrativa pretende financiar".

Por tanto, mientras que el impago de las tasas estatales llevan aparejadas "la inadmisión del acto procesal al que la misma se anuda", el abono de la tasa autonómica carece "de toda consecuencia impeditiva o retardataria del acceso a la jurisdicción".
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