Los socialistas reavivan la guerra del agua

El Ejecutivo aragonés no tira la toalla, además de requerir la inmediata derogación del decreto que permite abastecer de agua del Ebro a Barcelona desde Tarragona, ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley, por entender que permite la venta de derechos de agua.

El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, ha anunciado que también se requerirá a la Generalidad de Cataluña que reconozca formalmente que se han superado las circunstancias de excepcionalidad ya que, si no lo hace la derogación del decreto que abastece de agua a Cataluña, no será factible.

Por esta nueva situación, Biel pide que Cataluña se abstenga de realizar “cualesquiera actuaciones amparadas en el citado real decreto al no existir cobertura legal de las mismas”.

El ultimátum es firme, el Ejecutivo aragonés ha decidido que si ni el Gobierno, ni la Generalidad atienden a los requerimientos en un “plazo razonable” que no ha estipulado, acudirán a los tribunales ordinarios para pedir que un juez ordene la aplicación de la disposición final del decreto-ley.

Esta disposición establece que el decreto tendrá vigencia hasta la superación de las circunstancias de extraordinaria necesidad. A principios de esta semana, Cataluña ha pasado de Situación de Emergencia 2 a nivel 1, lo que permite la utilización de agua potable para regar campos de golf, jardines o llenar piscinas. Por ello, el Gobierno aragonés quiere poner fin al decreto.

Aragón basa sus argumentos en el cambio de situación que ha vivido Cataluña. En estos momentos los embalses catalanes se encuentran al 26,9%. Los partidos políticos catalanes no se confían y por ello se muestran todos de acuerdo en no levantar las medidas cautelares sobre el control de agua ya que pueden volver a una situación crítica.

Peticiones de Aragón a los tribunales
Si Aragón finalmente recurre a los tribunales para pedir la derogación del decreto, solicitará al juez, además, la aplicación de medidas cautelares para que se suspenda la ejecución de las obras de la tubería para evitar lo que Biel denomina, una "tomadura de pelo".

José Ángel Biel ha declarado que la intención de la Generalidad es disponer de la tubería de prolongación del mini-trasvase del Ebro más allá de la actual situación de emergencia puntual y asegura que las circunstancias meteorológicas le han "chafado" al Gobierno catalán algo "que pretendían hacer a cualquier precio", sin tener en cuenta "para nada" otras alternativas.

Montilla no comparte opiniones con Aragón
La situación de Emergencia que vive Cataluña en estos momentos es de nivel 1. Montilla asegura que “tiene poco sentido” levantar estas medidas de control, ya que si no llueve lo suficiente habrá que volver a aplicarlas.

El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, asegura que la situación de Cataluña ya no es crítica pero sí grave ya que los pantanos internos acumulan a día de hoy unos 170 hectómetros cúbicos de agua, apenas la mitad de los 300 hectómetros cúbicos que permitirían desactivar toda alerta por la sequía.

Entre las medidas tomadas, en los próximos tres meses, un total de seis barcos llevarán hasta la capital catalana cinco hectómetros cúbicos de agua de Tarragona, Marsella y el canal de Provenza, en Francia, una operación que costará 53 millones de euros y que permitirá cubrir cerca del 6 por ciento del consumo de los 5,5 millones de habitantes de la región metropolitana.

Modificaciones del decreto
El gobierno catalán ha aprobado, en una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo, una modificación del decreto de sequía que permite mantener la situación de excepcionalidad 2 y, por lo tanto, la prohibición de llenar piscinas y regar jardines con agua potable.

A partir de ahora, el decreto de sequía no se actualizará de manera automática dependiendo únicamente del nivel de los embalses, sino que se tendrán en cuenta otros factores, como la previsión de la pluviometría y la evolución de las reservas de los pantanos o la incorporación al sistema de nuevos recursos hídricos procedentes de las actuaciones que se están llevando a cabo.

Atendiendo a estos nuevos parámetros, la Generalidad ha decidido mantener la situación de excepcionalidad 2 en los sistemas Ter-Llobregat y La Muga, que de acuerdo con el anterior decreto tendrían que haber pasado el viernes a excepcionalidad 1, así como las sanciones y restricciones que ello comporta, como la prohibición de regar jardines, llenar piscinas, limpiar calles o lavar coches con agua de boca.

El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, ha destacado que la Generalidad ha actuado "con celeridad", con "contundencia" y con "reflejos claros" a la hora de efectuar estos cambios, respondiendo así a quienes han criticado la falta de previsión del ejecutivo, al no haber aprobado estas medidas en la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo del pasado martes.

"No tiene mucho sentido intentar ver qué pasó el martes o el lunes, sino lo que ha hecho el gobierno para evitar una cosa que se hubiera producido mañana", ha señalado Baltasar, que ha recordado que el problema "se puso sobre la mesa hace menos de 48 horas" y "ya está solucionado".

El titular de Medio Ambiente explicó el pasado martes que los sistemas Ter-Llobregat y La Muga pasarían mañana, viernes, de la fase de excepcionalidad 2 a la 1, al haber mejorado sensiblemente el nivel de los embalses de estas cuencas, un cambio que hubiera comportado el levantamiento de las restricciones en el uso del agua potable.

Sin embargo, el pasado miércoles el presidente catalán, José Montilla, rectificó a Baltasar y anunció la intención del gobierno de modificar el decreto de sequía en la reunión del Consejo Ejecutivo del próximo martes.

Finalmente, esta modificación se ha llevado a cabo hoy mismo, antes de la actualización del decreto, prevista para el viernes.

El objetivo de este nuevo decreto de sequía, que ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA), es evitar el "automatismo" con que hasta ahora se determinaba el paso de una situación a otra por la sequía, en función del volumen embalsado.

A partir de ahora será el gobierno catalán, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, el que determine la entrada o salida de los diferentes escenarios atendiendo a indicadores como la previsión de lluvias, el grado de explotación de los acuíferos o la contención de la demanda.

Por el momento, la Generalidad ha decidido mantener el nivel de excepcionalidad 2 en las cuencas de los ríos Ter-Llobregat y La Muga, que abastecen a más de 5,5 millones de habitantes.

A la reunión en la que se han aprobado estas modificaciones no han asistido, por motivos de agenda, cuatro consejeros de la Generalidad, entre ellos el vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira, que se encuentra de viaje oficial en el Reino Unido.