Semana vandálica de Barcelona

El desalojo y posterior intento de derribo de un edificio ocupado ilegalmente en Barcelona -¡durante 17 años!- está teniendo unas consecuencias desastrosas: decenas de detenidos, destrozo de mobiliario urbano y sucursales bancarias -la factura rebasaría ya el millón de euros-, agresiones a periodistas y una clase política catalana cuyo papel en toda esta crisis es poco menos que esperpéntico.

Conviene recordar que el origen de todo este asunto está en una flagrante ilegalidad, cometida por quienes se adueñan de una propiedad ajena -municipal, en este caso-. Si una familia normal y corriente hiciera algo así, se la desalojaría sin miramiento alguno. Con los okupas, en cambio, el alcalde de Barcelona quiere dialogar: ha legitimado la violencia okupa paralizando el derribo y ofreciendo la “devolución” -término incorrecto, ya que el local no es de los okupas sino del ayuntamiento y, por ende, de todos los barceloneses- del inmueble si con ello se pone fin a los actos vandálicos. Por toda aportación, el president Artur Mas se limita a decir que “el pueblo catalán es pacífico”.

¿De qué hay que negociar con quien quema contenedores y sucursales bancarias? ¿A qué tanta condescendencia con quienes agraden a todo aquel que no piensa como ellos? Cuando el alcalde de Barcelona y el president de la Generalidad tomaron posesión de sus cargos, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y hasta la fecha, ninguna de estas dos premisas se está dando.