Washington Post carga contra HRW por criticar la extradición de paramilitares

El pasado martes, el Gobierno de Uribe extraditó a 14 antiguos mandos paramilitares a Estados Unidos, donde tienen procesos por narcotráfico y otros delitos en varios tribunales.

Según el Post, Uribe "ha confundido a sus críticos haciendo exactamente lo que ellos le pidieron", aunque parece ser que ahora tampoco están de acuerdo, añade.

El diario recuerda que cuando el Congreso colombiano aprobó en 2005 un plan para desmovilizar a los grupos paramilitares y llevar a sus líderes ante la justicia, varios grupos de derechos humanos y algunos congresistas demócratas estadounidenses manifestaron su indignación, por considerarlo insuficiente.

"Aunque los paramilitares han sido el principal foco de violencia y del tráfico de drogas durante décadas en Colombia, los críticos estadounidenses dijeron que (el plan) era extremadamente generoso con los altos cargos", señala el diario.

En 2006, Human Rights Watch y varios congresistas demócratas enviaron una carta a Uribe en la que objetaban que los líderes paramilitares podrían escapar de la extradición a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y apuntaron a que esa era la intención real de Uribe.

El director para Latinoamérica de HRW, José Miguel Vivanco, pidió a Uribe en esa carta que "los comandantes paramilitares que eran buscados por Estados Unidos deberían ser extraditados y juzgados en este país".

El pasado martes Uribe envió a 14 de los más importantes ex cabecillas paramilitares a Estados Unidos, incluido Salvatore Mancuso, quien fuera jefe máximo de las AUC cuando comenzó el proceso de paz con el Gobierno, recuerda el diario.

Lo hizo porque "reconoció" que existían carencias en el proceso judicial de su país, y para "reparar el daño hecho a las familias por sus crímenes y porque seguían vinculados a acciones criminales", indica el diario.

Pero ahora, el Washington Post lamenta, que una vez tomada esta decisión, Human Rights Watch cree que la extradición puede interferir en el proceso y perjudicar a las víctimas.

Para la organización defensora de los derechos humanos, la decisión de Uribe puede minar los esfuerzos locales para investigar los asesinatos, lo que fue rechazado por el Gobierno colombiano.

Tras estas críticas Human Rights Watch dijo ayer que sus declaraciones habían sido malinterpretadas por Colombia y el Post les recomienda que "reconduzcan su camino".