Una cadena de acciones protagonizada por los Colectivos paramilitares chavistas, que se niegan a desarmarse, siembra la alarma en el Gobierno de Nicolás Maduro que trata de echar una cortina de humo acusando a un supuesto enemigo exterior. El hombre fuerte del régimen bolivariano, Diosdado Cabello, al frente del Parlamento de Venezuela, acaba de personarse en la Fiscalía para denunciar que se siente amenazado de muerte. Aparentemente esta amenaza proviene de un pasaje, sacado de contexto, de un discurso parlamentario del líder opositor Carlos Berrizbeitia. Los mandatarios populistas de Hispanoamérica han convertido ya en un clásico las imaginarias confabulaciones del imperialismo y de la derecha para terminar con sus vidas. Por muy irreales y folletinescas que sean las tramas de estas conjuras -a veces relatos grotescos y mal hilvanados en los despachos del poder-, no dejan de ejercer una cierta fascinación novelesca sobre algunos sectores de la población.
Rozan el realismo mágico denuncias de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Melodramática ha resultado la reciente alocución de Cristina Fernández afirmando que se enteró por la prensa de que un individuo suní de origen tunecino planificó atentar contra ella. Según la filtración policial, este musulmán suní se proponía vengar la colaboración del Gobierno argentino con los musulmanes chiíes de Irán, siguiendo la estela de Chávez. De inmediato, la presidenta argentina lanzó una estridente imputación televisiva: “¡Si me ocurre algo, no miréis hacia Oriente, mirad hacia el Norte!” Estaba recién llegada de la ONU y apuntaba a un fabuloso complot norteamericano bajo la Administración de Obama.
La acusación de Diosdado Cabello en la Fiscalía venezolana tiene también un componente que entra de lleno en la política-ficción, género profusamente cultivado por la revolución bolivariana. Cabello sigue la fantasía apocalíptica de Maduro. Según su narración, parlamentarios y líderes de la oposición como Berrizbeitia, habrían abierto las puertas de Venezuela a escuadrones de las Autodefensas de Colombia, controladas desde Bogotá por el expresidente Álvaro Uribe, para propagar el terror en tierra venezolana, liquidar a los dirigentes chavistas y provocar un seísmo político. Ninguna prueba se ha aportado para sostener tan descomunal relato.
De nada sirve que las Autodefensas -paramilitares armados contra las FARC-, hayan sido desmanteladas hace tiempo en Colombia y que Uribe esté en la oposición, lejos de los resortes de la autoridad. La fantasiosa historia de esta conspiración sirve para crear un enemigo exterior pero cerca de la frontera y justificar ante la opinión pública el incremento permanente de la violencia en Venezuela, hasta haberse convertido junto a Honduras en el país con más homicidios del planeta, exceptuando los que están en guerra. El carácter quimérico no ha impedido que tenga efectos prácticos fulminantes. El Parlamento de Caracas acaba de declarar “persona non grata” a Álvaro Uribe como responsable de tantos males y, de paso, Carlos Berrizbeitia ha quedado señalado como diana para la acción de los paramilitares bolivarianos.
Sin embargo, en el temor de Diosdado Cabello entran en juego otros factores silenciados, pero que sí constituyen una amenaza real. Numerosos cabecillas chavistas están cayendo víctimas de asesinatos a veces con connotaciones horrendas. Así lo indican las nuevas revelaciones sobre la muerte de Juan Montoya, o la brutal ejecución del parlamentario chavista Robert Serra, y una semana después la eliminación de jefes populares bolivarianos, como Michel Contreras o José Odreman, abatidos a tiros sin muchas contemplaciones. En una nación donde los homicidios de la delincuencia común superan al número de bajas en países formalmente sacudidos por conflictos bélicos, no puede descartarse tajantemente ninguna posibilidad, máxime cuando en su mayoría los crímenes quedan sin aclarar e impunes ante los tribunales. No obstante, el trazo dibujado por esta serie de asesinatos señala la probabilidad de un ajuste de cuentas entre los grupos paramilitares armados por Hugo Chávez y cada día más fuera de control tras la muerte de su líder.
El que más resonancia internacional ha encontrado y mayor número de hipótesis está haciendo barajar estos días en Venezuela, ha sido el homicidio de Robert Serra. Se trataba del diputado más joven de la historia de Venezuela, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Hugo Chávez, elevado por el caudillo bolivariano hasta las altas instancias desde su radical activismo estudiantil. Saltó a la fama gracias a una diatriba televisada contra la oposición a Chávez en la que parafraseó a Simón Bolívar afirmando: “Echemos el miedo a la espalda y salvemos a esta patria de algunos lacayos que quieren interrumpirnos el camino.”
Su campaña para obtener la elección como diputado se sostuvo en los Colectivos paramilitares del sector “23 de Enero”, uno de los bastiones del chavismo en Caracas, iniciando una veloz -y ahora, corta- trayectoria plagada de exabruptos, provocaciones y actitudes desafiantes propias de alguien respaldado por el paramilitarismo. Precisamente en su casa cercana al baluarte chavista que lo alzó a una carrera meteórica, apareció asesinado por más de cuarenta puñaladas junto a su compañera, igualmente desangrada por un método tan macabro.
De inmediato, el Gobierno de Caracas puso en marcha su maquinaría propagandística. El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, desechó la intervención del hampa común, indicando: “El homicidio de Robert Serra fue intencionado, planificado, organizado y ejecutado con gran precisión.” En el funeral, Nicolás Maduro elevó el tono: “Lo digo con serenidad y seguridad: el fascismo decidió matar a Robert Serra. Como no les permitimos incendiar Venezuela tomaron la decisión criminal de matar a uno de los hombres más queridos, más valiosos de la juventud bolivariana. Estoy seguro de que fue la decisión criminal de las mentes del fascismo.”
¿Fascismo hoy? ¿Qué fascismo? La respuesta automática de Maduro era más que previsible: “Los autores intelectuales están fuera del país, apuntan a Colombia y a la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe.” No le detuvo que ya hizo idéntica acusación tras la muerte del compañero militar de Chávez, Eléicer Otaiza, pese a que poco después la Policía responsabilizó a una pandilla de delincuentes juveniles del crimen. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, ha reforzado la idea lanzada por el PSUV declarando que “la burguesía, cobarde y asesina, hoy vuelve a derramar la sangre de jóvenes patriotas.” Y esta línea de la versión oficial es en la que se está insistiendo hasta la saciedad por todos los rincones del país caribeño, remachada por la intervención de Fidel Castro -con grandes contratiempos en su plan de cubanización de Venezuela- al publicar:: “¡Honor y gloria para el joven revolucionario venezolano Robert Serra junto a su compañera María Herrera! No podría jamás creer que el crimen del joven diputado sea obra de la casualidad.”
Los datos de la investigación, sin embargo, son incompatibles con esta versión oficial. La casa de Serra, dotada con grandes medidas de seguridad, no fue forzada: quien o quienes entraron a asesinarle eran personas conocidas y amigas. Igualmente significativo es que el medio centenar de cuchilladas se corresponde con un ritual santero vinculado a religiones africanas de afrodescendientes en Cuba, Venezuela, Colombia o Brasil. El propio Robert Serra acostumbraba a realizar rituales de santería en su domicilio, incluyendo la noche en la que se cometió el crimen.
A partir de aquí el hervidero de conjeturas se ha disparado, vinculado siempre a su entorno más inmediato. Un ajusticiamiento por traicionar las normas de la santería. Una ejecución del servicio secreto cubano “G-2”, buen conocedor de las creencias santeras. Un crimen de los paramilitares de los Colectivos que lo respaldaron para que accediese a su escaño en la Asamblea Nacional, y que ahora no aceptan el desarme que Robert Serra gestionaba por exigencia de las Fuerzas Armadas venezolanas. Todas esas posibilidades se manejan con mayor o menor credibilidad. Ahora, sin embargo, esta última ha cobrado mayor verosimilitud. Los “Colectivos armados” constituyen en Venezuela un ejército paralelo creado a principios de siglo por Hugo Chávez como una milicia reclutada entre los sectores populares para apuntalar su poder. Los Colectivos, armados con pistolas, con ametralladoras Uzi, con granadas, con fusiles Aka-47, dotados de motos para su rápido desplazamiento, han impuesto el terror entre los ciudadanos que no sigan las directrices oficialistas. Son los que hicieron el trabajo sucio frente a las últimas manifestaciones contra el régimen: asaltos a viviendas, secuestros, homicidios.
Muerto el caudillo Chávez, el ejército ha percibido que la acción de los Colectivos se les escapa de las manos. Radicalizados y furiosamente ideologizados cada Colectivo trata de imponer su propia ortodoxia. Hay enfrentamientos con armas de fuego entre Colectivos que intentan controlar sus áreas de influencia frente a otros Colectivos. Algunos de sus líderes simultanean sus objetivos políticos con operaciones de pura y llana delincuencia. En otros casos, las armas se venden a la delincuencia común. Sin duda, este es un factor decisivo en que Venezuela ocupe los primeros puestos mundiales en homicidios e incidentes sangrientos. Desaparecido Hugo Chávez, las Fuerzas Armadas han exigido su desarme a Maduro, y su ministro del Interior ha comenzado por las buenas decretando un “Plan de Desarme Voluntario” que se inició el mismo día en el que Robert Serra fue inmolado de una forma tan ritual. Unos Colectivos han aceptado la entrega voluntaria de las armas, otros no. Una hipótesis creíble es que Serra trataba de hacer de intermediario con Colectivos insumisos que, a través de su muerte, habrían dado una respuesta contundente al Gobierno de Maduro y una ejecución a quien consideraban un traidor.
Sin eliminar otros supuestos, esta sospecha cobra fuerza con el asesinato de otros líderes de Colectivos armados. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acaba de abatir en el centro de Caracas a varios militantes del Colectivo Escudo de la Revolución, grupo chavista que se negó a ser desarmado. La madre de uno de ellos ha declarado: “Mi hijo Michel [Contreras] se reunía con ministros y policías para coordinar actividades en pro de la comunidad. A mi hijo lo mandó matar el ministro, así no se desarma a los Colectivos.”
Otro tanto ha sucedido con otro cabecilla de los Colectivos, José Odreman, tiroteado por la CICPC. Su hermana acaba de señalar: “A mi hermano Odreman lo mataron por decir la verdad. Recibió 32 disparos, estaba desnudo y amordazado, así lo vi en el Hospital Vargas.” Odreman, poco antes de morir, había responsabilizado al ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, de lo que pudiera pasarle. Sin duda, el propósito de
desarmar a los Colectivos no va ser tarea fácil. En este momento las comisarías del CICPC se encuentran en máxima alerta ante posibles ataques de los Colectivos que se resisten a haber sido usados y ahora tirados sin contemplaciones. Si la operación de desarme por parte del Gobierno fracasa, podría originar una
imprevisible guerra civil interna entre chavistas cada vez más fracturados tras la defunción del caudillo. Hace bien Diosdado Cabello en constatar ante la Fiscalía la preocupación por su vida, aunque no debería apuntar precisamente a agentes externos -él bien lo sabe-: los enemigos proceden de una lucha intestina. El monstruo que armó Hugo Chávez comienza a
actuar ciegamente tras su desaparición.
