El Gobierno ha actuado con silencio y ley ante la ofensiva separatista lanzada por Mas y sus aliados. Las manifestaciones públicas del Gobierno de España, incluidas las declaraciones de su Presidente, sobre el desafío secesionista del presidente de la Generalidad no tienen un carácter propiamente político, salvo que se degrade la tarea de creación de bienes públicos a retórica jurisprudencial. Nadie con un poco de sentido histórico dirá que esas manifestaciones son una respuesta Política, con mayúscula, al aquelarre independentista montado por los llamados soberanistas catalanes contra España. Acaso no exista otra alternativa contra el nacionalismo que esgrimir la ley como arma democrática, es decir, represiva contra quienes incumplen la leyes. ¡Quién sabe!
En todo caso, si sólo es posible aplicar la ley contra los enemigos de la unidad de España, es algo que debería explicar bien el Gobierno, pero todavía no lo ha hecho y sospecho que no lo hará por razones que ahora no vienen al caso. El Gobierno de España en este asunto vital para la democracia española ha optado por el precario y contingente ámbito de la terminología jurídica. No creo que sea, ciertamente, una forma de eludir el problema, pero soy escéptico sobre la viabilidad de esa respuesta para defender la soberanía de España a medio plazo, otra cosa diría si solo se tratara de salvar los muebles para los próximos meses. En todo caso, esa manera gubernamental de proceder está lejos de los procedimientos políticos entendidos como negociaciones dialógicas para la resolución de conflictos.
Por fortuna, la crisis generada por los independentistas catalanes ha obtenido una respuesta genuinamente política por parte de un dirigente del PP. Ha sido solo una, sí, pero por eso mismo es preciso alabarla y comentarla. Ha habido, en efecto, una respuesta estrictamente constitucional y, sobre todo, Política por parte de Alberto Núñez Feijoo, Presidente de Galicia, quien ha sido claro y contundente: “Mas tiene que pagar por haber atentado contra lo fundamental”, contra todo aquello que le da vida, el Estado-nación, España. Creo que Núñez Feijoo se ha comportado a la altura de las circunstancias. Ha demostrado conocer la clave de la vida democrática española. El Presidente de Galicia conoce bien la lección que nos enseñó Ortega y Gasset para construir la democracia española.
Nadie mejor que el gran filósofo español, en la historia reciente de España, ha planteado la solución del problema creado por las elites políticas del nacionalismo catalanista. Su propuesta sigue aún vigente. Es tan sencilla de resumir como brillante es la filosofía de Ortega: mientras que nada puede tratarse con los secesionistas de cualquier parte de España, incluidos los catalanes, que cuestionan la soberanía de España, todo está abierto para los demócratas catalanes o de cualquier otra parte de España que presenten sus cuestiones en términos de Autonomía. Ahí está contenida toda la poesía que vincula a España, como Estado-nación, con todas sus regiones. El resto es engaño. Ganas de perder el tiempo. Es imposible, pues, hablar con quienes tratan de eliminar todo aquello que les da vida. Son autodestructivos. Los llamados “soberanistas” catalanes, sí, quieren asesinar a España que es paradójicamente su razón de ser.
La Constitución española de 1978 recogió el espíritu de Ortega, pero introdujo demasiada y prolija prosa para “justificar” lo que era la grandiosa y sutil fórmula de Ortega: “La raíz de convivencia en pueblos como los nuestros es la unidad de soberanía”. Ésta no puede trocearse o fragmentarse. Solo España es soberana. De ahí que Ortega siempre que se refirió al tema catalán, antes, durante y después de la aprobación del Estatuto de Cataluña de 1932, fue para decirle a los representantes de esta región: “No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo, en términos de autonomía. Y conste que autonomía significa (…) la cesión de poderes; en principio no importa cuáles ni cuántos, con tal que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía.”
Genial, como siempre, Ortega. Y, además, le da la solución a Rajoy a través de Núñez Feijoo: o se acepta que la única soberanía es de España, y se ejerce la autonomía democráticamente, o, por el contrario, vuelven al Estado todas las competencias autonómicas, después de que los golpistas catalanes del Estado pasen a la cárcel o a ser juzgados por los tribunales de justicia. Todo puede tratarse con los autonomistas, pero nada puede hablarse con los soberanistas catalanes, porque la soberanía española, la de la Constitución de 1978, es, como diría Ortega, la “facultad de las últimas decisiones, el poder que crea y anula todos los otros poderes, cualesquiera sean ellos; soberanía, pues, significa la voluntad última de una colectividad. Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico, la inquebrantable resolución de decidir juntos en última instancia todo lo que se decida.”
Si (
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